El planteo apunta a una supuesta doble vara: mientras que los negocios deben cumplir ciertos requisitos, los vendedores callejeros parecen estar fuera del radar
La venta callejera en Pergamino preocupa el comercio local. Una imagen de este martes en Illia y Liniers.
LA OPINIONEn Pergamino, la presencia cada vez más extendida de vendedores callejeros genera inquietud no solo en el sector comercial formal, sino también entre quienes alertan sobre los posibles riesgos para la salud pública. A la tradicional venta callejera de flores, verduras y frutas, hoy se suman rubros impensados hasta hace poco: ropa, muebles, artículos del hogar, bebidas en pack y, especialmente, alimentos elaborados.
Empanadas, pizzas, facturas, panes, sándwiches, fiambres caseros y quesos son ofrecidos en la vía pública o puerta a puerta, muchas veces sin ninguna habilitación municipal ni control bromatológico. Este último punto es el que más preocupa a comerciantes establecidos que, supuestamente cumpliendo todas las normativas, deben afrontar inspecciones periódicas y sorpresivas por parte de agentes del área de Bromatología o de Habilitaciones.
“El comercio habilitado está bajo permanente vigilancia: Bromatología exige curso de manipulador de alimentos, condiciones de higiene, correcta manipulación, cadena de frío, rotulado y esto está bien que se haga. Sin embargo, a pocos metros de nuestro local, hay personas vendiendo comida casera en la calle sin que nadie los inspeccione”, comenta un comerciante del rubro gastronómico del centro pergaminense.
La crítica apunta directamente a una supuesta doble vara: mientras que los negocios legalmente constituidos deben cumplir estrictos requisitos sanitarios, los vendedores callejeros parecen estar por fuera del radar. Aunque muchos de ellos cuentan con un curso básico de manipulación de alimentos e inscriptos en un registro de pequeños productores de alimentos, parecen no existir garantías acabadas sobre el origen, conservación ni transporte de los productos que ofrecen.
En este contexto, surge un interrogante clave: ¿hasta qué punto la Dirección de Bromatología puede o debe intervenir frente a situaciones que, por tratarse de venta informal en la vía pública, quedan muchas veces en un limbo regulatorio? ¿No debiera ser precisamente esa dependencia la que actúe para proteger la salud de los consumidores, más allá de si los productos se venden en un local habilitado o en una vereda?
Además de la cuestión sanitaria, los comerciantes destacan otro aspecto: la competencia desleal. “Nos exigen todo, desde los matafuegos hasta los análisis de agua, y vienen a inspeccionar cada detalle. Mientras tanto, hay gente vendiendo comida enfrente, sin habilitación ni control, y encima con precios más bajos porque no pagan impuestos”, señalan con malestar.
El avance de esta modalidad de venta informal no es nuevo, pero su aceleración en los últimos tiempos -en un contexto económico difícil- plantea la necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto. No solo para defender a quienes cumplen con la ley, sino para evitar riesgos que puedan afectar la salud alimentaria de la población.
También es necesario saber si algunos de los que ofrecen productos en las calles de Pergamino, son de nuestra ciudad o llegan desde otras localidades a competir deslealmente contra la economía local. Sería, dentro de la irregularidad, otro agravante.
Como ejemplo, ayer había un puesto callejero en Illia y Liniers, ofreciendo espejos, almohadones y alcolchados, entre otros artículos, si ningún tipo de problemas. ¿Hay personas que compran? Por supuesto que sí. Pero, ¿alguien le pregunta a esos vendedores callejeros cuál es la procedencia de la mercadería y si se paga algún tributo por esas ventas? Lo normal sería que llegan y se instalan para vender lo que puedan hasta que alguien les diga que se tienen que ir. Lo anormal sería que alguien les de un permiso.
Por otro lado, venta de bolsas de papas en esquinas urbanas o a la vera de una ruta; transporte de productos alimenticios en autos particulares (naturalmente sin habilitación); comercialización de productos sin rótulos parecen no estar bajo la mirada ni de los agentes de Bromatología, Comercio, Arba y Arca.
La pregunta es si saben y no pueden hacer nada o si quienes tienen el poder de decisión piensan que de ese modo evitan tener más gente desempleada y ese es el mal menor. De ser así sería oportuno no exigirles a los "legales" requerimientos que muchas veces hasta exceden el sentido común, porque en estos tiempos que corren nadie escapa a la merma de ventas y al achicamiento de márgenes de rentabilidad. Porque cada nueva exigencia a un comercio -por mínima que sea- cuesta plata.
Una regulación seria del comercio ambulante debería ponerse en agenda. La ciudad necesita reglas claras, controles justos y, sobre todo, una mirada equitativa por parte de los organismos encargados de fiscalizar.