Tras conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, Delcy Rodríguez confirmó el envío del proyecto de ley a la Asamblea Nacional de Venezuela.
La presidenta encargada hizo el histórico anuncio este viernes en la apertura del año judicial.
En un hecho que marca un punto de inflexión en la historia política reciente de Venezuela, y de América Latina, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este viernes el envío al Parlamento de una ley de amnistía general para los presos políticos y el cierre definitivo de El Helicoide, el centro de detención convertido durante décadas en símbolo del aparato represivo del chavismo.
El anuncio se produjo apenas días después de la captura del exmandatario Nicolás Maduro, tras una intervención militar encabezada por Estados Unidos, y representa uno de los gestos más relevantes desde el inicio del proceso de transición política en el país.
Durante la apertura del año judicial, y luego de mantener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, Rodríguez confirmó el envío urgente del proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, expresó, en referencia al ciclo iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder y profundizado luego por Maduro.
La iniciativa busca cerrar más de dos décadas marcadas por persecuciones, encarcelamientos arbitrarios, denuncias de torturas y severas restricciones a las libertades civiles, que llevaron a Venezuela a convertirse en uno de los países más cuestionados del continente en materia de derechos humanos.
Desde comienzos del siglo XXI, el chavismo consolidó un modelo de poder centralizado, con fuerte control sobre la Justicia, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad. En ese contexto, miles de opositores, activistas, periodistas y dirigentes sociales fueron detenidos bajo acusaciones de conspiración, terrorismo o traición a la patria, muchas veces sin pruebas.
El Helicoide, una estructura originalmente pensada como centro comercial, terminó funcionando como una de las principales cárceles del régimen. Allí, según informes internacionales, se practicaron interrogatorios violentos, aislamiento prolongado y tratos inhumanos.
Por eso, el anuncio de su cierre y reconversión en un centro social tiene una fuerte carga simbólica: representa el intento de dejar atrás uno de los íconos del aparato represivo estatal.
“Estamos dando una oportunidad para vivir en paz, desde la diversidad y el respeto a la ley”, sostuvo Rodríguez, al tiempo que aclaró que quedarán excluidos de la amnistía los condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.
Cinco días después de la detención de Maduro, el oficialismo había comenzado a liberar de manera gradual a un grupo de presos políticos. Sin embargo, las excarcelaciones se produjeron sin criterios claros y bajo estrictas condiciones de silencio.
Según el Gobierno, más de 600 personas recuperaron la libertad, pero organizaciones humanitarias contabilizan poco más de 300 casos confirmados.
Además, muchos liberados debieron firmar documentos que les prohíben dar declaraciones públicas o expresarse en redes sociales. Pese a ello, algunos lograron relatar las torturas y malos tratos sufridos durante su detención.
Entre los presos políticos aún encarcelados figuran varios extranjeros. En el caso argentino, el nombre más emblemático es el del gendarme Nahuel Gallo, detenido en circunstancias poco claras y convertido en uno de los principales reclamos diplomáticos entre Buenos Aires y Caracas.
También permanece privado de su libertad el abogado Germán Giuliani, mientras que en las últimas semanas fue liberado el argentino-israelí Yaacob Harary.
La situación de estos detenidos internacionales refuerza la dimensión regional del conflicto venezolano y el impacto que tuvo el autoritarismo chavista más allá de sus fronteras.
El anuncio de la amnistía y el cierre del Helicoide se inscriben en un proceso de transición aún frágil, atravesado por tensiones internas, presiones externas y demandas sociales acumuladas durante años.
Para amplios sectores de la población, estas medidas representan una oportunidad para iniciar un camino de reconstrucción institucional, recuperar la independencia de poderes y restablecer la confianza en el Estado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el verdadero desafío será garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas, y evitar que los crímenes del pasado queden impunes bajo el paraguas de la reconciliación.
Tras más de veinte años de hegemonía chavista, Venezuela atraviesa ahora uno de los momentos más decisivos de su historia contemporánea. El alcance real de esta amnistía y la voluntad política para sostener el cambio definirán si el país logra finalmente dejar atrás una etapa marcada por la represión y la polarización, y avanzar hacia una democracia plena.