La Justicia individualizó a unas 60 personas que participan de la toma en San Pedro del complejo habitacional inconcluso.
Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.
notisanpedro.infoLa causa judicial por la ocupación de las denominadas 25 viviendas de Río Tala, San Pedro, registró en las últimas horas un avance decisivo. Tras un relevamiento exhaustivo realizado por personal policial, la Justicia logró identificar formalmente a las familias que habitan el complejo habitacional inconcluso, una obra paralizada desde hace más de dos años.
Según los datos oficiales incorporados al expediente, en el predio residen actualmente unas 60 personas distribuidas en 25 grupos familiares, uno por cada vivienda. La Fiscalía ya notificó a 25 adultos por el presunto delito de usurpación de inmuebles, en el marco de la investigación penal que se encuentra en pleno desarrollo.
El procedimiento de identificación estuvo a cargo de efectivos policiales bajo la coordinación del jefe del destacamento de Río Tala, Yoel Turci. El operativo permitió recabar datos personales y verificar la ocupación efectiva de cada unidad, información clave para definir las medidas judiciales a seguir.
Si bien durante la primera jornada del operativo se registraron momentos de tensión y resistencia, fuentes oficiales señalaron que al día siguiente el clima fue más calmo y colaborativo, lo que permitió completar el relevamiento sin incidentes.
La causa se inició en la Fiscalía de Ramos, que intervino por turno, pero será derivada a la Fiscalía de Viviani, especializada en delitos vinculados a usurpaciones. Desde ese ámbito se analizarán alternativas legales y eventuales articulaciones con otras áreas del Estado.
El complejo habitacional corresponde a una obra financiada por el Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández, que quedó paralizada tras el cambio de administración y el triunfo de Javier Milei en 2023. La empresa adjudicataria, APCO S.A., abandonó los trabajos y nunca los retomó pese a las intimaciones municipales.
Las viviendas se encuentran a medio construir, sin aberturas ni servicios básicos como agua, electricidad o cloacas. En su interior predominan condiciones extremadamente precarias, una situación que expone la complejidad del conflicto y coloca a la Justicia ante una definición delicada, donde se entrecruzan la legalidad vigente y una problemática social no resuelta.