La investigación penal por una obra en Costa Pobre, Ramallo, los señala por presuntas responsabilidades en un avance ilegal.
Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por supuestas irregularidades en el proyecto portuario de Costa Pobre.
El NorteLa investigación penal por presuntas irregularidades en un proyecto privado en la zona de Costa Pobre puso en la mira al intendente de Ramallo, Mauro Poletti y a la concejala Marcela Isarra, señalados en una denuncia que sostiene que la obra avanzó sin controles adecuados, generando un fuerte impacto territorial, ambiental y social sobre los vecinos del lugar.
La causa se inició tras una presentación realizada por vecinos de Costa Pobre junto a una organización no gubernamental, lo que derivó en una investigación del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, se dictó una medida cautelar de “no innovar” que ordena el cese inmediato de los trabajos en el predio donde se desarrolla el proyecto portuario.
La investigación penal busca determinar si existió la posible comisión de delitos por parte de funcionarios municipales y directivos vinculados al emprendimiento privado. Entre las figuras que se analizan se encuentran incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el cierre y la destrucción del camino histórico de acceso al barrio, utilizado durante más de cuatro décadas por las familias que residen en Costa Pobre. En las últimas horas, la colocación de un portón en el acceso por calle Traverso impidió la circulación, dejando a varias viviendas prácticamente aisladas.
Según la presentación judicial, no existiría ninguna orden administrativa o judicial que autorice a la empresa a clausurar ese acceso, que sería un camino público o una servidumbre de paso de uso perpetuo. La medida, adoptada de manera unilateral, agravó la situación y reforzó las sospechas que hoy investiga la Justicia.
La denuncia también apunta directamente al accionar del municipio, al sostener que el gobierno local habría incumplido su deber de control territorial, una facultad primaria establecida por la normativa vigente. Además, se advierte la falta de respuestas a pedidos formales de información presentados por los vecinos.
En este contexto, la investigación pone el foco en el intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra, cuyas declaraciones públicas forman parte del expediente. La Justicia busca establecer si existió un acompañamiento político e institucional que facilitó el avance de una obra considerada ilegal, más allá de posibles omisiones administrativas.
Mientras tanto, los vecinos de Costa Pobre continúan reclamando una intervención urgente del municipio que garantice la libre circulación, el acceso a servicios esenciales y la protección de sus derechos, en un escenario de creciente tensión que mantiene en vilo a toda la comunidad.