El proyecto de Presupuesto 2026 que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense llega atravesado por una narrativa de confrontación política y defensa del rol estatal. En un documento de más de cien páginas, el Ejecutivo provincial presenta el plan de gastos y recursos para el próximo año en clave de resistencia frente al ajuste nacional y de reafirmación de un modelo de Estado presente frente a la política económica del gobierno de Javier Milei.
Un diagnóstico de crisis y emergencia
Desde la primera página, el texto —identificado como Mensaje N° 4497— declara la existencia de una “situación de emergencia económica y social” derivada de las políticas del Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Según el Ejecutivo provincial, esas medidas generaron una recesión “profunda y extendida” que afectó de manera transversal a los sectores productivos y sociales del país, con especial impacto en Buenos Aires, “la provincia que más sufre las recesiones y los ajustes nacionales”.
El documento marca con claridad el tono político: Kicillof acusa al Gobierno central de provocar una contracción del gasto público, caída del consumo, desindustrialización y deterioro social. Frente a ese cuadro, sostiene que el Estado bonaerense debe “mantenerse presente, activo y reparador”.
Recesión, caída del empleo y derrumbe industrial
Los gráficos del mensaje describen una retracción generalizada de la actividad económica, que en la provincia se traduce en un retroceso del 6% del PBI durante 2025. La industria, que hasta fines de 2023 mostraba una recuperación del 11%, cayó nuevamente en dos años consecutivos de contracción, con especial impacto en sectores como la construcción, el comercio y la manufactura.
El informe detalla que entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron 18.000 empresas en todo el país, de las cuales el 27% corresponden a la provincia de Buenos Aires. En el mismo período, el empleo formal registró una destrucción de 205.000 puestos de trabajo, con 170.000 desocupados concentrados en el Gran Buenos Aires.
El texto advierte que la desindustrialización afecta particularmente al conurbano, donde la industria y el comercio explican el 50% del valor agregado provincial, generando un “deterioro territorial” que agrava las desigualdades sociales.
En paralelo, se registró un aumento de las importaciones de bienes de consumo del 65% y de vehículos del 123%, fenómeno que la Provincia interpreta como efecto de una “política económica que erosiona la producción local y el poder adquisitivo de las familias”.
La pelea por los fondos: reclamos a la Nación y crisis del federalismo fiscal
Uno de los capítulos más duros del mensaje está dedicado a los reclamos administrativos y judiciales que Buenos Aires mantiene contra la Nación por fondos retenidos o eliminados. Entre ellos se enumeran el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y los aportes previsionales no transferidos.
Según el documento, el Gobierno nacional adeuda a la Provincia más de 1,02 billones de pesos, cifra que motivó la presentación de demandas ante la Corte Suprema. Kicillof denuncia una “violación al federalismo fiscal” y un “atropello a la autonomía provincial”, y subraya que Buenos Aires aporta 4 de cada 10 pesos de la recaudación nacionalpero recibe “menos de 2”.
El presupuesto 2026 formaliza este reclamo político con la declaración de emergencia económica hasta diciembre de 2026, y habilita al Ejecutivo provincial a prorrogarla por un año más. La medida, presentada como herramienta de defensa ante la crisis, refuerza el discurso del gobernador: el de una Provincia que se planta frente al ajuste nacional y reclama un reparto más justo de los recursos.
