Varios gremios se sumaron en Pergamino a una jornada nacional de paro y movilización en respaldo a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción.
Paro político y movilización de los gremios kirchneristas en apoyo a la líder presa por corrupción.
Pergamino amaneció este miércoles con oficinas públicas cerradas o con atención reducida, aulas vacías y comedores escolares sin actividad. La razón fue la adhesión de distintos gremios a un paro nacional en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción en tres instancias judiciales, en la conocida causa Vialidad.
En la ciudad, la medida tuvo un fuerte impacto en la educación. Aunque los docentes no estaban llamados al paro, la falta de porteros y personal auxiliar nucleado en ATE impidió la apertura de muchas escuelas públicas. Este hecho no solo interrumpió una jornada de clases en un contexto de baja calidad educativa, sino que además dejó sin cobertura alimentaria a cientos de chicos que dependen de los comedores escolares para cubrir sus necesidades básicas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con fuerte presencia en Pergamino, fue uno de los motores de la medida de fuerza. El gremio, históricamente alineado con posiciones políticas afines al kirchnerismo, justificó el paro como una forma de “repudio a la proscripción judicial” de la exmandataria. Sin embargo, la Justicia ha determinado la responsabilidad penal de Fernández de Kirchner en la administración fraudulenta de fondos públicos, en una sentencia confirmada por la Cámara y la Corte Suprema.
El problema de fondo no es sólo la adhesión política del gremio, sino el uso del paro como herramienta de presión ideológica en lugar de un mecanismo extremo para resolver conflictos laborales concretos. Esta desnaturalización de la huelga no sólo lesiona el funcionamiento institucional, sino que perjudica directamente a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables.
A nivel nacional, el fallo contra Cristina Kirchner -que la inhabilita para ejercer cargos públicos- se convirtió en bandera de conflicto político. Mientras desde el oficialismo y sectores sindicales la sentencia es tildada de “persecución”, la Justicia ha cerrado el caso con pruebas contundentes, incluyendo documentación, testimonios y auditorías que confirmaron un esquema de corrupción estructural.
En lugar de apelaciones dentro del sistema judicial, la defensa se traslada a las calles, apelando a la movilización sindical y la confrontación simbólica, debilitando el equilibrio de poderes y erosionando la legitimidad de las instituciones.
En Pergamino, como en muchos puntos del país, la medida no generó adhesión popular. Todo lo contrario: crece el rechazo de vecinos y familias ante prácticas gremiales que paralizan servicios esenciales, impiden el derecho a la educación y afectan derechos básicos como la alimentación escolar.
En palabras de varios padres consultados, se trata de una práctica que “atrasa” y pone a la política por encima de las necesidades reales de la comunidad. La defensa de un líder político condenado -en lugar de enfocarse en mejoras salariales, condiciones laborales o servicios públicos- resuena como una regresión institucional más que como un acto de lucha sindical.