El defensor general Pablo Santamarina dispuso un reordenamiento funcional de las áreas penal y civil jerarquizando el trabajo de los funcionarios y magistrados.
María Teresa "Moira" Kelly secretaria general de la Defensoría Civil.
LA OPINION Alejandro Mazzei es el titular de la Defensoría Penal 5.
LA OPINIONA partir de este sábado 1° de noviembre, la Defensoría General del Departamento Judicial de Pergamino comenzará a operar con un nuevo esquema organizativo dispuesto por resolución del defensor general Pablo Santamarina, quien asumió su cargo a fines de septiembre.
La disposición —identificada como Resolución General N° 02/2025— marca el inicio de una etapa de reordenamiento interno que busca “crear las condiciones para asegurar una atención profesional, empática y personalizada”, según se fundamenta en el texto oficial.
El plan incluye la creación de una nueva Unidad de Defensa Penal N° 5, la transformación de la antigua Defensoría de Ejecución en Secretaría, la reasignación de funciones en el área civil, y una redistribución de los espacios físicos dentro del edificio de la Defensoría Oficial, todo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Unidad de Defensa Penal N° 5, que quedará a cargo del defensor Alejandro Javier Mazzei. Esta dependencia reemplaza a la anterior Defensoría de Ejecución, que pasará a funcionar como Secretaría técnica.
La nueva unidad estará integrada también por los abogados José María Hipólito Aranguren y María Guillermina Saez (cuya designación se encuentra en trámite). Según la resolución, esta estructura permitirá que cada caso cuente con un referente único desde el inicio del proceso hasta su conclusión, garantizando un acompañamiento sostenido y personalizado.
En tanto, la Secretaría de Ejecución quedará a cargo del abogado Gabriel Ricardo De Simone, quien continuará con la supervisión de los casos en trámite hasta la entrada en vigencia de la nueva organización. Esta Secretaría actuará como soporte técnico de todas las unidades de defensa, y contará con la colaboración de las agentes Sofía Belén Nannini y Ariadna Maiola.
La resolución establece además que la Unidad de Defensa Penal N° 5 iniciará su turno en enero de 2026, y que luego se continuará con el régimen rotativo habitual, en orden correlativo según la numeración de las unidades.
En el ámbito civil, el defensor general dispuso nuevas responsabilidades para la secretaria general del área civil, la abogada María Teresa Kelly, quien tendrá a su cargo de manera exclusiva las presentaciones de amparos, intervenciones por ausentes y la ejecución de honorarios y costas derivadas del trabajo del resto de los profesionales.
Kelly también intervendrá como “tercera defensora” en los casos en que así lo requieran las Unidades de Defensa Civil N° 1 y 2, encabezadas por las defensoras Florencia Montanari y Laura Vignaroli, respectivamente.
El esquema prevé, además, que estas dos unidades inviertan sus turnos a partir de enero de 2026, de manera que la primera quincena será cubierta por la Unidad N° 2 y la segunda por la N° 1. Durante el período de turno, al menos una integrante deberá atender personalmente en la sede de la Defensoría de la ciudad de Colón al menos una vez por quincena, preferentemente los días viernes.
En el área civil también continuarán colaborando el secretario general Pablo Acerbo y el oficial mayor Héctor Luis Tunesi. La secretaria Kelly deberá realizar informes estadísticos cuatrimestrales para evaluar el impacto de los cambios implementados y las necesidades futuras de la dependencia.
La reorganización también alcanza la distribución interna del edificio de la Defensoría, con el propósito de optimizar la atención al público y mejorar la coordinación entre equipos.
Según lo dispuesto, las Unidades de Defensa Civil pasarán a ocupar el segundo piso, mientras que las Unidades Penales 1, 4 y 5 se ubicarán en el tercero, y las Unidades Penales 2 y 3 en el cuarto piso.
A su vez, se proyecta adecuar el quinto piso para el funcionamiento de la Secretaría de Ejecución, que hasta tanto se realicen las obras correspondientes seguirá operando en la sede de la Defensoría del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Desde la Defensoría destacaron que esta reorganización no implicó la contratación de nuevos espacios ni personal, sino una reasignación de recursos humanos y físicos ya existentes.
En los fundamentos de la resolución, Santamarina señaló que los cambios surgen tras una serie de reuniones con los integrantes de la Defensoría Pública, en las que se analizaron las necesidades y desafíos actuales del servicio.
El defensor general subrayó que la institución trabaja con personas que, en su mayoría, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que la calidad profesional debe ir acompañada de un trato humano, empático y personalizado.
“Es importante que exista un profesional referente de cada caso, que acompañe a las personas desde el inicio del proceso y hasta su conclusión”, afirmó Santamarina, al destacar que la meta es mejorar la eficacia sin perder la cercanía con los usuarios del sistema público de defensa.
Asimismo, la resolución incluye un pedido a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense para incorporar personal específico destinado a unificar la información sobre conflictos familiares y casos vinculados a salud mental, además de investigadores y peritos que permitan generar evidencia de manera autónoma y fortalecer el trabajo de las distintas unidades.
La reorganización anunciada es el primer paso de un plan institucional más amplio que busca mejorar la calidad de la asistencia jurídica que brinda la Defensoría Pública en Pergamino y garantizar, al mismo tiempo, mejores condiciones de trabajo para su personal.
“Los cambios apuntan a una estructura más ágil, más coordinada y más cercana a la gente”, señalaron fuentes consultadas. En ese sentido, la nueva gestión de Santamarina apuesta a consolidar un servicio de defensa pública moderno, eficiente y comprometido con los derechos de los sectores más vulnerables del departamento judicial.