El proyecto de concesión vial contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje en varios puntos estratégicos, en el Partido de Pergamino.
Los peajes estarán instalados en rutas nacionales y provinciales.
ARCHIVO LA OPINIONLas concesiones viales instalarán nuevos puestos de peajes en rutas nacionales y provinciales que atraviesan nuestra ciudad y la incógnita es saber cuáles estarán cercanas a Pergamino o dentro de ls jurisdicción misma de nuestro partido; según las nuevas medidas.
Uno de los pilares centrales del nuevo esquema de concesión vial que impulsa el Gobierno es la política de “bache cero”, una exigencia inédita que obligará a las empresas adjudicatarias a mantener las rutas en óptimas condiciones.
Según establece el pliego preliminar al que tuvo acceso LA OPINION, no podrán autorizarse los aumentos de las tarifas mientras no se cumplan estándares mínimos de calidad: ausencia total de baches, señalización clara y completa, iluminación adecuada y banquinas seguras y transitables. El cumplimiento de estas condiciones será controlado mediante inspecciones técnicas periódicas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
Además, estas nuevas licitaciones contemplarán límites tarifarios preestablecidos, con el objetivo de evitar subas abruptas y garantizar previsibilidad para los usuarios. Una de las novedades más relevantes es que las motocicletas, que hasta ahora estaban exentas en muchos tramos, comenzarán a abonar peaje en los corredores concesionados.
En el marco de un proceso de reestructuración y eventual privatización de distintas rutas nacionales y provinciales, comenzaron a trascender detalles del proyecto preliminar que afecta directamente a los corredores viales que atraviesan el Partido de Pergamino y su zona de influencia.
Según fuentes vinculadas al diseño técnico, el plan contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje en Maguire, en la autopista Pilar – Pergamino; Hugues y Canals, en la ruta Nº 8; así como la reactivación del histórico peaje de la ruta nacional Nº 188, en la localidad de Peña.
Este esquema se enmarca dentro de un rediseño general del sistema de concesión vial impulsado a nivel nacional, que busca transferir la administración, mantenimiento y explotación de diversos tramos de rutas estratégicas a empresas privadas, bajo contratos de participación público - privada. El objetivo declarado del proyecto es garantizar una mejora en las condiciones de infraestructura, aumentar la seguridad vial y asegurar que se concrete el mantenimiento constante de las calzadas, puentes y la señalización. No obstante, el anuncio ya ha comenzado a generar inquietud entre los usuarios habituales de estos caminos, especialmente en el sector rural y en localidades que podrían verse directamente afectadas por el nuevo esquema de tarifas.
Entre los puntos más relevantes se encuentra la posible construcción de una nueva estación de peaje en Maguire, sobre un tramo aún no precisado de la autopista Pilar - Pergamino, lo que significaría una modificación importante en el flujo de tránsito entre nuestra ciudad y la región centro - oeste de la provincia. También se contempla la instalación de casillas de cobro en las localidades de Hugues y Canals, que se ubican en el eje que conecta la provincia de Buenos Aires con Córdoba y Santa Fe, rutas altamente transitadas tanto por vehículos particulares como por transporte de carga.
Además, se conoció que el proyecto contempla la reactivación del cobro de peaje en Peña, localidad ubicada sobre la ruta nacional Nº 188, en un tramo neurálgico del corredor bioceánico que une San Nicolás con General Alvear (Mendoza). Este punto había dejado de funcionar hace años, en el marco de una serie de medidas orientadas a reducir el impacto económico sobre poblaciones del interior bonaerense.
Su reimplementación supondría un cambio drástico para los usuarios locales y para la logística regional, especialmente en aquellos productores agropecuarios, transportistas y comerciantes.
Aunque aún no se ha oficializado el diseño definitivo del proyecto, desde distintos sectores ya se comenzaron a expresar cuestionamientos sobre el impacto social y económico que podría tener la reintroducción de peajes en zonas rurales o semirrurales, donde los caminos constituyen el principal canal de conexión hacia escuelas, hospitales, centros urbanos y polos de comercialización de productos.
La posibilidad de que el uso cotidiano de estas rutas implique nuevos costos para vecinos, trabajadores y empresas locales ha reavivado el debate sobre el rol del Estado en la infraestructura vial y la necesidad de contemplar mecanismos de excepción o tarifas diferenciales para los residentes de las zonas afectadas.
Otro cambio de fondo será la implementación progresiva del sistema “Free Flow”, una modalidad de cobro automático sin cabinas ni barreras, que funcionará a través de lectores de patente y se integrará al sistema TelePase. Este modelo ya está vigente en varios corredores urbanos y ahora se extenderá a rutas nacionales y tramos interurbanos.
Para quienes no cuenten con el sistema TelePase o no estén adheridos al sistema de cobro automático, el nuevo esquema prevé una tarifa diferencial que penaliza el pago manual en efectivo: en estos casos, se pagará el doble del valor del peaje. Esta penalización aplicará tanto en rutas con “Free Flow” como en aquellas que conserven cabinas tradicionales, en busca de desincentivar el uso de efectivo y agilizar el tránsito vehicular.
El nuevo modelo de gestión vial busca modernizar la red caminera del país, mejorar la infraestructura, reducir siniestros y optimizar la experiencia del usuario. Sin embargo, las medidas ya generan debate en torno al impacto económico, especialmente en sectores rurales y productivos que dependen diariamente de la circulación por estas rutas.