La Justicia determinó la culpabilidad de aquellos policías que tenían a su cargo la custodia de los jóvenes fallecidos. La pena no dejó conformes a las familias de las víctimas. La lectura de la sentencia terminó con serios incidentes.
“Tuvieron a su alcance la posibilidad de evitar el resultado mortal, con una alta posibilidad cercana a la certeza, y no lo hicieron cuando sus obligaciones como garantes se los imponía”, manifestó en los últimos tramos de la lectura del veredicto Guillermo Burrone, titular del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Pergamino (además lo integran Danilo Cuestas y Miguel Gaspari) respecto de la culpabilidad de los seis efectivos policiales que fueron condenados en la mañana del pasado viernes en el juicio que investigaba la muerte de siete jóvenes (Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Chillito Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre) detenidos en la celda 1 de los calabozos de la Comisaría Primera.
Todos los imputados fueron encontrados penalmente responsables del delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte, en los términos del artículo 106 tercer párrafo del Código Penal.
El comisario Sebastián Donza recibió una pena de 15 años de prisión; el oficial subayudante Alexis Eva, 14; el sargento Brian Carrizo y el oficial Matías Giulietti, 11; el teniente primero Sergio Rodas, ocho y la oficial Carolina Guevara, seis. Los cuatro últimos, que estaban con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, continuarán de esa manera: Carrizo y Guevara en Rojas, Giulietti en Pergamino y Rodas en Junín. Donza y Eva están alojados en la unidad carcelaria de Campana, que cuenta con un pabellón destinado a agentes de la fuerzas de seguridad que cumplen condena.
La conclusión de tribunal
Luego de la investigación llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Nelson Mastorchio y su equipo de trabajo, el aporte de testigos y peritos de diferentes áreas, los jueces Burrone, Cuestas y Gaspari, indicaron que “ha sido legalmente acreditado que el 2 de marzo de 2017, momentos antes de las 18:00 se produjo una pelea entre los internos Juan José Cabrera y Alan Nahuel Córdoba, quienes portaban elementos punzo cortantes denominados en la jerga carcelaria ‘facas’. La gresca ocurrió frente a la celda 2 dentro de los calabozos de la Comisaría Primera. Como resultado de la pelea ambos internos sufrieron lesiones.
“Advertida la pelea por el imaginaria de turno, Brian Carrizo, quien se encontraba en el sector que corresponde para cumplir esa tarea específica, procedió a dar aviso de tal novedad al oficial de servicio Alexis Eva, quien tenía en su poder un juego de llaves de los calabozos. También se ha probado que un segundo juego de llaves estaba en poder del jefe de la dependencia, comisario Alberto Donza.
“A raíz del incidente producido entre los internos nombrados, Eva decidió proceder a encerrar o ‘engomar’ a los internos en su celdas; para ello recurrió a la ayuda de Sergio Rodas y el oficial refuerzo de imaginaria, Matías Giulietti. Asimismo, solicitó refuerzos a personal de la Policía Motorizada que se encontraba circunstancialmente en el lugar; de este modo ingresaron al sector de calabozos y encerraron en los mismos a los internos.
“Luego del ‘engome’, Alexis Eva aseguró con candados las celdas y los sectores mencionados, asimismo cerró la puerta de rejas que comunica el sector de pasillo de calabozos con el sector de imaginaria y la puerta de rejas de salida al exterior del patio trasero, todas con candado, quedando en el sector de imaginaria Carrizo y Giulietti.
“Así las cosas, y ante la situación de encierro que los internos consideraban injusta pues era muy temprano y la pelea había terminado, aquéllos comenzaron a protestar pidiendo a los gritos que los ‘desengomen’ y pateando las rejas. Ante la falta de respuesta al reclamo, los internos alojados en la celda 1 arrojaron un trozo de colchón encendido al pasillo produciendo un pequeño foco ígneo aunque sí bastante humo. Mientras eso sucedía todos los internos continuaban gritando pidiendo que los saquen. Si bien no es posible determinar con exactitud el horario de comienzo del fuego, puede afirmarse que se produjo momentos antes de las 18:16.
Como el foco ígneo no se extinguía y había bastante humo, Carrizo y Giulietti solicitaron a Rodas y Eva que los sacaran del sector de imaginaria; así lo hicieron, sacándolos hacia el patio trasero y dejando las puertas de rejas cerradas con candados, tanto la que comunica el sector de imaginaria con el pasillo de calabozos y la que da al patio trasero.
“Asimismo está probado que desde la sede de la Comisaría Primera no se realizó ningún llamado de sus teléfonos fijos a la sede de Bomberos Voluntarios y que Guevara realizó tres llamados al Departamento de Bomberos de Policía: a las 18:16, 18:26 y 18:35. También se ha probado que los Bomberos tomaron conocimiento del evento en la Comisaría a las 18:40 a través de un llamado que provino del Centro de Despachos, arribando al lugar a las 18:45 cuando es dable suponer que todavía había signos de vida de los internos alojados en la celda 1 -por los mensajes de texto que se analizaron-, y que los policías imputados retardaron y obstaculizaron la labor de aquellos servidores públicos, a tal punto que les impidieron actuar con la celeridad que las circunstancias exigían.
“Mientras el fuego comenzaba a extenderse los policías solo atinaron a observar la situación, estando todos los uniformados enterados de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, priorizando la seguridad por sobre la salud y la vida de quienes estaban bajo su custodia en los calabozos de la comisaría, no dieron ninguna orden ni realizaron maniobras tendientes a salvaguardar la vida de los internos, que encerrados, solo podían gritar por auxilio”.
Nelson Mastorchio
El titular de la UFI Nº 3 Nelson Mastorchio, en un breve diálogo con LA OPINION, expresó que desde la Fiscalía están “conformes con la sentencia”: “Se utilizaron todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público y las ofrecidas desde un primer momento por los familiares de las siete víctimas”. No obstante, planteó una objeción: “La única parte que estaría en desacuerdo -y por la que la Fiscalía presentará un recurso de Casación- es respecto del quebramiento de los arrestos domiciliarios de los cuatro expolicías que fueron condenados”, dijo el fiscal en relación a Carrizo, Giulietti, Guevara y Rodas.
Maximiliano Brajer
Por parte de la querella, el abogado penalista Maximiliano Brajer expresó tras la finalización del debate: “La sentencia la puedo dividir en dos planos bien diferenciados, por un lado lo profesional en donde siendo una gran satisfacción porque la tarea que me fue encomendada por parte de la esposa e hija de Fernando Latorre fue cumplida al obtener la condena de estas personas y la sentencia refleja los planteos que nosotros hicimos inherentes a la calificación legal por la que estas personas tenían que ser condenadas y el título que debían responder en carácter de autores. Después, en el plano humano y personal, con bastante tristeza y desazón porque el comportamiento de los imputados y sus familiares ha dejado claro que esto no ha servido para que ellos comprendan la gravedad y trascendencia del asunto y la necesidad que empiece a haber un cambio en la mentalidad de la gente en relación a las personas privadas de la libertad. Esperemos que las instancias recursivas transiten pronto, que sea confirmada en todas las instancias la sentencia y las personas puedan cumplir el saldo que les quede de prisión a las unidades penales. Por el lado de los familiares de los jóvenes fallecidos puedan iniciar el proceso de cicatrización de la heridas, no cura, porque este dolor no se cura más, pero que comience a cicatrizar”.
Gonzalo Alba
El abogado defensor de los exefectivos Rodas, Carrizo, Giulietti, Guevara y Eva expresó: “En principio la sensación es negativa, tanto nuestra como de nuestros defendidos. No creemos que se haya hecho justicia, principalmente porque lo que dice la sentencia no es lo que pasó en el juicio y no es lo que pasó ese día tampoco y claramente lo que dice la sentencia es lo que el tribunal tuvo ganas y voluntad de decir. El tribunal se arroga a facultades que la Ley no le ha dado, como la de dar por probados hechos que en principio nadie le pidió que dé por probado, pero bueno, más allá de eso, creemos firmemente que no se hizo justicia", indicó Gonzalo Alba.
Sobre si esa disconformidad se reflejará en nuevos pasos judiciales, el abogado confirmó que la voluntad de sus cinco defendidos es seguir apelando hasta que algún tribunal superior “y con un análisis no ‘flaco’ sobre la prueba, pueda dictar una resolución ajustada derecho, que evidentemente, el Poder Judicial de pergamino no puede”. Finalizó el contacto con LA OPINION diciendo que considera “imperdonable” que no se haya incluido en el fallo la situación del sistema como atenuante. “Es imperdonable que un fallo que está siendo esperando por varios sectores, no se expida sobre la coyuntura del último informe de Casación y de la resolución de la Corte sobre la situación carcelaria”. Plantea que, “tal como dice la resolución de Casación y de la Corte, son los mismos jueces quienes generaron la superpoblación carcelaria, son los mismos jueces los que ordenan las prisiones preventivas y son los mismos jueces los que justamente hacen que los espacios tengan más personas de las que tienen que tener, son ellos los responsables, pero claramente, en otro acto de corporativismo judicial, dictaron una sentencia escindiendo la responsabilidad del poder judicial y depositando todo en seis efectivos policiales que estaban de turno ese día. De esta manera la Justicia nunca va ir a la raíz del problema y por eso mismo es que hay un descreimiento tal en la justicia penal, porque no solucionan los problemas y tampoco dicta soluciones ajustadas a derechos, si no que dicta básicamente lo que a ellos y a sus súbditos les sirve, para sostenerse el poder y no tener ningún riesgo de juri o de no formar parte más del privilegio que implica estar dentro del poder judicial”.
Felipe Villalba
El abogado querellante por los deudos de Franco Pizarro evaluó que la sentencia “es ajustada derecho”: “Me sorprendí por los montos, pero bueno cuando uno analiza lo que en este caso a tratarse de una figura omisiva como es el abandono, lo que no hicieron, y la multiplicidad de víctimas creo que fue lo que determinó ese monto de pena.
“Esperaba una sentencia de ese calibre dada la jerarquía que tiene cada uno de los integrantes dentro de una comisaría, me parece que por eso fue tan variado el tema”, indicó el abogado Felipe Villalba que defendió los intereses de la familia de Franco Pizarro.
Cristina Gramajo
Ni bien se conoció la sentencia, la mamá de Sergio Filiberto remarcó ante la gran cantidad de medios presentes su disconformidad por el arresto domiciliario para cuatro de los seis culpables: “Sabíamos que se trataba de una corporación, pero no nos esperábamos esto, seguiremos pidiendo cárcel común para los asesinos de nuestros hijos. Hoy los volvieron a matar nuevamente”.