El caso de Juan Woldryk ocurrido en San Nicolás reaviva el debate por el uso de celulares en cárceles y su vínculo con extorsiones y delitos organizados.
La desaparición del empleado rural Juan Woldryk, del que nada se sabe desde hace poco más de cuatro años, dejó al descubierto una realidad preocupante: numerosos delitos son perpetrados desde las cárceles. El hombre había sido visto por última vez en su lugar de trabajo en un campo de Bolívar el 30 de marzo de 2022. Su desaparición reveló una oscura trama de amenazas y sextorsión urdidas desde la cárcel de San Nicolás.
Bragado InformaLa desaparición de Juan Woldryk, ocurrida en marzo de 2022 en un campo de Bolívar, sigue sin resolverse y se convirtió en un caso emblemático sobre delitos cometidos con Celulares en las cárceles. La investigación reveló que el trabajador rural era víctima de extorsiones gestadas desde la Unidad Penal N°3 de San Nicolás.
El uso de teléfonos móviles dentro de unidades penitenciarias volvió a quedar en el centro de la escena a partir de diversos proyectos legislativos que buscan limitar su utilización. Distintos sectores advierten que estos dispositivos son utilizados para coordinar estafas, extorsiones, tráfico de drogas e incluso la conducción de organizaciones criminales.
Durante la pandemia se habilitó su uso sin una fecha clara de finalización, lo que generó un incremento sostenido de delitos intramuros. Informes judiciales ya habían alertado sobre esta problemática, mientras que recientemente el Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso restricciones horarias para su utilización, incluyendo la UP3 de San Nicolás.
Juan Carlos Woldryk fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022 en su lugar de trabajo. Su desaparición dejó al descubierto una trama de amenazas y extorsión conocida como “sextorsión”, que había sido orquestada desde la cárcel.
A través de perfiles falsos, los extorsionadores lograron entablar un vínculo con la víctima, quien luego fue amenazada con falsas acusaciones judiciales vinculadas a una menor de edad. Bajo presión, Woldryk realizó pagos para frenar las supuestas denuncias, pero las exigencias continuaron.
El día de su desaparición, recibió nuevos mensajes intimidatorios. Nunca regresó a su puesto de trabajo. En su habitación quedaron sus pertenencias, incluyendo documentación, ropa y su perro. Solo faltaban su celular y algunos objetos personales.
La causa judicial permitió identificar a los responsables de la extorsión, dos internos de la UP3, quienes fueron condenados en un juicio abreviado. Sin embargo, el paradero de Woldryk sigue siendo desconocido.
A más de cuatro años, el caso continúa generando conmoción y se transformó en un punto de inflexión para visibilizar el alcance de los delitos organizados desde cárceles. Episodios similares, incluso con desenlaces trágicos, refuerzan la preocupación de autoridades y especialistas sobre un fenómeno que crece y exige respuestas urgentes.