Una mujer que trabajó tan solo un día en un hogar de ancianos de Villegas al 2100 manifestó ante la ley que en ese lugar agredían a los residentes. Trabajaron en la investigación la Fiscalía Nº 8, médicos de la Policía y personal de la Tercera Edad del Municipio.
Durante los primeros días de este mes, una mujer de 36 años que trabajó tan solo un día en un geriátrico ubicado en Villegas al 2100 del barrio Cueto, denunció ante la Justicia que los 17 abuelos que allí vivían recibían maltrato físico y psicológico de parte de los propietarios y el resto de los empleados. Además que las instalaciones estaban en un muy mal estado.
Fue así que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, a cargo de Pablo Santamarina, que rápidamente comenzó a trabajar para dilucidar lo que sucedía en el lugar. Entonces el instructor judicial Andrés Maquiavelo, de la Fiscalía, el jueves 10 de este mes llevó adelante un allanamiento en el domicilio donde funciona el geriátrico, acompañado por los médicos de Policía de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Daniel Jaime y Ariel Laurenco, y dos profesionales pertenecientes al área de la Dirección Tercera Edad del Municipio de nuestra ciudad.
Los mencionados inspeccionaron las instalaciones en primer lugar y luego revisaron a cada uno de los residentes (17 personas) y dictaminaron que ninguno presentaba signos visibles de maltrato o lesión.
Sin embargo y en otro orden de cosas, que nada tiene que ver con la denuncia realizada por la exempleada, es que el lugar no contaba con la habilitación definitiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y algunas irregularidades que reglamenta la Ley Nº 7.314/67 (Habilitación sanitaria de establecimientos privados asistenciales o de recreación consta del 26 de septiembre de 1967). En el articulo Nº 1 establece que “Todos los establecimientos privados asistenciales o de recreación, radicados o que se radiquen en el territorio de la provincia, para su habilitación y funcionamiento, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones sobre propiedad, radicación, construcción, instalación, equipamiento, personal y dirección técnica que establece la presente ley, con el objeto de preservar la seguridad, salubridad e higiene de la población”.
Ahora será el turno de la Fiscalía Nº 8 del doctor Santamarina de finalizar con los trámites de rigor y la información recolectada en estos días de intensa labor y aparentemente la causa sería archivada.