Con distintas visiones acerca del daño potencial o actual que genera la aplicación de agroquímicos, dio inicio en la comisión de Recursos Naturales la ronda de expositores que debaten por la Ley de Agroquímicos. Desde Agroindustria ratificaron que una banda de 200 metros máximos sería suficiente para el cuidado del ambiente.
El primer encuentro, al que asistió El Enfiteuta, fue muy nutrido con cerca de un centenar de asesores, legisladores y representantes del sector público y privado de diversos ámbitos, y expresaron su opinión desde la Defensoría del Pueblo hasta el Ministerio de Agroindustria y de la cartera Ambiental.
La coincidencia, antes que la diferencia, en todos los expositores fue la necesidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos de alcance nacional. Ese es el mayor déficit que existe en la actualidad que cada distrito, municipal o provincial, trata de resolver de manera heterogénea. Pero las medidas en ese sentido resultaron parches que en un gran número de casos termina resolviendo la Justicia.
Desde el Ministerio de Ambiente, el ingeniero agrónomo Octavio Pérez Pardo, repasó una extensa lista de recomendaciones a considerar al momento de sancionar una ley de aplicación de agroquímicos. De cumplirse esas recomendaciones, el daño se reduciría a un mínimo aceptable para la sociedad en su conjunto. El secreto está en el control que deberá ejercerse para que las obligaciones se cumplan.
Pero para la Defensoría del Pueblo la deriva por viento no es la única ni principal una vez liberado al ambiente el producto fitosanitario: Hay derivaciones en agua superficial, subterránea, daños a la flora, la fauna, ecosistemas y a la comunidad, explicó Leandro García Silva, de la Defensoría.
El funcionario indicó que el uso de agroquímicos es un tema permanente y creciente en denuncias en la Defensoría al menos en los últimos 10 ó 12 años. Desde allí en colaboración con la OMS y la OIT se realizó un Atlas de riesgo ambiental que incluye los agroquímicos entre otros factores. El profesional opinó que el modelo a seguir para una legislación es el que puede verse en el entorno de las escuelas rurales. De tal modo que lo que minimice el riesgo para ese modelo servirá para el resto.