El Ministerio de Economía formalizó el traspaso de la gestión vial a privados; se incorpora la Autopista Pilar Pergamino.
El Ministerio de Economía dispuso el inicio formal del proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que administra unos 6.000 kilómetros de rutas en todo el país. Cabe recordar que esta empresa está a cargo de la autopista Pilar-Pergamino, incluyendo al polémico Peaje Larena y la deteriorada Ruta 188, entre San Nicolás y nuestra ciudad.
La medida quedó plasmada en la Resolución 1284/2025, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial, y constituye un paso más dentro de la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional.
La decisión se apoya en la Ley 27.742 (Ley Bases), que declaró sujeta a privatización a Corredores Viales, y en los decretos 695/2024 y 97/2025, que reglamentaron los procedimientos.
La estrategia oficial apunta a extinguir por mutuo acuerdo los contratos de concesión vigentes, concesionar nuevamente los corredores a operadores privados y finalmente proceder a la disolución y liquidación de la compañía.
La Secretaría de Transporte deberá realizar un inventario de los bienes que la empresa debe devolver al Ministerio de Economía, elaborar la documentación para la extinción de contratos y proponer la nueva conformación de los tramos viales.
También tendrá que efectuar relevamientos sobre el estado de las obras de infraestructura y gestionar la rescisión de convenios considerados no prioritarios.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará el proceso y solicitará la valuación de los flujos futuros derivados de la explotación por peaje, así como la tasación de los activos de Corredores Viales SA.
La resolución establece un plazo de doce meses para adjudicar las concesiones y completar la liquidación de la empresa.
Todo el procedimiento licitatorio se llevará a cabo a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el Decreto 416/2025.
El proceso de privatización de Corredores Viales se inscribe en una política más amplia de transformación del Estado, que contempla la intervención, venta, fusión o disolución de empresas públicas.
En este caso, el impacto alcanza tanto a la gestión de la red vial nacional como a la estructura del sector público, al abrir el juego a operadores privados nacionales e internacionales para la explotación de rutas y autopistas mediante concesiones de obra pública por peaje.
De acuerdo con datos oficiales, Corredores Viales empleaba a 3.307 personas al cierre de junio.
Durante el primer semestre de 2025 registró un superávit financiero de $5.200 millones, lo que le permitió prescindir de transferencias del Tesoro nacional.
A pesar de este resultado positivo, la firma será disuelta conforme al plan oficial, en línea con los objetivos de reducción del gasto público y reorganización del sector estatal. (GLP).