En la próxima sesión del Concejo Deliberante, Ignacio Maiztegui ingresará una iniciativa que propone un régimen especial de sanciones.
El concejal de Juntos presentará el proyecto el próximo martes, en la sesión del Concejo Deliberante.
IGNACIO MAIZTEGUI
“Basta con salir un rato todos los días a la calle para ver la cantidad de infracciones que se cometen”, advierte el concejal Ignacio Maiztegui, autor del proyecto que será presentado este martes en el Concejo Deliberante de Pergamino.
Según explicó en diálogo con LA OPINIÓN, el aumento de los problemas de tránsito “se ha potenciado, sobre todo, en los últimos años” y exige acciones concretas. “Yo siempre trato de darle mucha importancia al uso responsable del espacio público —sostuvo—, pero en este caso también hablamos de salubridad y seguridad, no solo de quien conduce sino de terceros, porque muchas de estas maniobras ponen en riesgo la vida de los demás”.
El proyecto de ordenanza propone un régimen especial de allanamientos, secuestros, decomisos e inhabilitaciones, ante la comisión de faltas graves en ocasión del tránsito, con el objetivo de dotar al municipio y al Juzgado de Faltas de herramientas más eficaces frente a infracciones peligrosas.
El texto de la iniciativa es extenso y minucioso: consta de más de una decena de artículos que establecen desde la prohibición de circular por zonas no habilitadas hasta la posibilidad de ingresar a propiedades privadas para secuestrar vehículos implicados en faltas graves.
Entre los puntos más destacados, se encuentran:
*Artículo 2°: prohíbe la circulación de vehículos a motor “sobre veredas, en plazas, parques, espacios verdes, bicisendas, caminos peatonales y todo otro espacio público o privado con acceso público destinado a fines recreativos y/o de esparcimiento”.
Estas infracciones se consideran “faltas graves” y pueden derivar en la retención del vehículo y la aplicación de multas según la ley provincial de tránsito.
*Artículo 4°: define como conductas “altamente nocivas y temerarias” aquellas que implican maniobras imprudentes o de destreza —como picadas o los conocidos “wheelies”—, o bien comportamientos de evasión o resistencia a los controles. “Son maniobras que pueden terminar en tragedia. Lo vimos con el caso de Marcos Gorbarán, el joven que murió en el terraplén atropellado por dos personas que venían haciendo wheelies”, recordó Maiztegui.
*Artículo 6°: habilita sanciones severas como arresto, suspensión o inhabilitación preventiva para conducir, además de multas que van de 250 a 2.500 módulos. En caso de reincidencia, las multas se duplican. También permite retener la licencia de conducir y secuestrar la unidad.
*Artículo 8° y 9°: incorporan una de las medidas más novedosas: la facultad del Juez de Faltas para disponer allanamientos, secuestros y decomisos de los vehículos involucrados, “en virtud de razones de salubridad y seguridad pública”.
En casos de flagrancia o fuga del infractor, los agentes municipales podrán actuar de manera inmediata, acompañados por personal policial, y luego rendir cuentas ante el Juzgado de Faltas en un plazo de 24 horas hábiles.
“Esto es innovador para el orden local”, destacó el edil. “Se apoya en la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades, que permiten agravar penas y disponer medidas excepcionales cuando están en juego la seguridad y la salubridad”.
Maiztegui subrayó que las sanciones económicas también serán ejemplificadoras: “Estamos planteando multas que van desde un millón y medio hasta quince millones de pesos, además del secuestro y decomiso del vehículo y la posibilidad de inhabilitar licencias por hasta seis meses”, explicó.
El edil señaló que se buscó ajustar la redacción a la normativa nacional y provincial vigente, para evitar superposiciones y garantizar la legalidad del procedimiento. “Tuve que revisar toda la legislación —admitió— porque cuando uno habla de allanamientos, enseguida se piensa que el municipio no tiene competencia. Pero sí la tiene, si se enmarca en la protección de la salud y la seguridad pública”.
Más allá de las sanciones, el concejal insistió en que la problemática trasciende lo legal y tiene un fuerte componente cultural.
“Esto atraviesa a todas las generaciones y clases sociales. No tiene que ver con desconocimiento, sino con falta de respeto por las normas y por el otro”, sostuvo.
Para Maiztegui, el tránsito debe entenderse como un espacio de convivencia y responsabilidad compartida: “Cuando hablo del respeto por el otro, hablo del uso responsable del espacio público. Ser capaces de convivir implica cumplir las reglas y respetar los derechos de los demás. Porque cualquiera de estas maniobras temerarias puede terminar en tragedia”.
El edil aclaró que el proyecto no reemplaza las acciones preventivas —como capacitaciones, campañas y charlas de educación vial—, sino que las complementa. “Esto es una herramienta más. No anula lo que se hace desde el área de Tránsito o Seguridad, sino que les da más herramientas a quienes tienen que prevenir y actuar”.
El articulado se apoya en una sólida base jurídica: la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, su adhesión provincial a través de la Ley 13.927, y los artículos 24° de la Constitución bonaerense y 108° del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), que otorgan a los municipios la competencia de dictar regímenes específicos y complementarios en materia vial.
El texto también busca preservar la integridad física y la vida de las personas, proteger la salubridad pública, y reducir la contaminación sonora producida por “cortes” y escapes libres, una de las quejas más frecuentes de los vecinos.
“Los ruidos molestos también son parte del problema. Son manifestaciones de una conducta que no respeta las reglas básicas de convivencia”, señaló Maiztegui.