El Juzgado Correccional 2 debe resolver sobre una causa que en juicio oral debatió sobre presuntas irregularidades societarias en un centro de salud.
La sala del Juzgado Correccional 2 durante la audiencia de juicio oral.
LA OPINION El viernes se desarrolló la última jornada de juicio oral en el que ocupó el banquillo de los acusados un médico denunciado por su propio hermano y otros colegas accionistas por dejarlos fuera de la sociedad original que iba a poner en marcha un centro de salud en la zona céntrica de nuestra ciudad.
El Juzgado Correccional 2 de Pergamino, presidido por el juez Alejandro Salguero, debe dictar un veredicto en uno de los casos de fraude corporativo más resonantes de los últimos años en la ciudad. El próximo viernes 17 de abril se conocerá el fallo sobre un médico anestesiólogo, acusado de haber orquestado una compleja maniobra para desplazar a su propio hermano y a un grupo de colegas de la explotación de un centro de salud integral.
La acusación, sostenida por el fiscal Nelson Mastorchio, le atribuye al anestesista los delitos de defraudación por administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados. Según lo que surgió del debate, el imputado aprovechó su posición dominante como director de las sociedades originales para desviar los activos y la clientela hacia una nueva firma, Integra Medicina Privada S.A., dejando en la nada las inversiones de sus socios iniciales.
La historia se remonta a 1994, cuando los hermanos -ambos colegas médicos- adquirieron el edificio del antiguo hospital ferroviario en la esquina de Alem y 11 de Septiembre. En 2012, constituyeron la Clínica bajo una denominación de Sociedad Anónima con el objetivo de crear un centro de alta complejidad. Para financiar la ambiciosa reforma del inmueble, convocaron a otros profesionales de la salud, quienes aportaron importantes sumas de dinero —en efectivo y a través de créditos bancarios— a cambio de futuras acciones y el derecho a trabajar en el lugar.
Sin embargo, lo debatido en el juicio indicaría que, tras una serie de desavenencias que incluyeron agresiones físicas y verbales entre los hermanos, el acusado decidió "dejar caer" la sociedad original. En su lugar, y sin el consentimiento de su socio-hermano, constituyó en 2017 la firma Integra Medicina Privada S.A., la cual comenzó a operar en el mismo inmueble y con las instalaciones financiadas por los inversores originales.
Durante las audiencias de debate, comparecieron numerosos damnificados. Una nutricionista relató haber aportado más de 200.000 pesos (o su equivalente en dólares en aquel momento) bajo la promesa de integrar la sociedad, compromiso que nunca se cumplió. Por su parte, un joven médico declaró haberse sentido "completamente estafado a nivel económico y profesional", señalando que nunca le devolvieron su dinero tras el desplazamiento del hermano denunciante.
Un elemento probatorio de gran peso fue la declaración del familiar damnificado, quien posee el 50% de las acciones de la clínica original. Al sentirse perjudicado denunció que su hermano falsificó su firma en los libros de Actas de Directorio para tomar decisiones de manera unilateral y que, finalmente, le prohibió el ingreso al edificio y el acceso a cualquier tipo de ganancia.
En los alegatos finales, el bloque de la acusación —integrado por la Fiscalía y los abogados querellantes Leonardo Fej y Karen Solmi— fue contundente al solicitar una pena de cinco años de prisión para el imputado. El abogado Leonardo Fej destacó que el delito de administración infiel no solo afectó el patrimonio de los médicos, sino que golpeó la confianza en las asociaciones comerciales, base de la economía local.
Por su parte, la defensa técnica, liderada por la abogada Laura Abal, intentó desestimar los cargos alegando que las nuevas sociedades eran necesarias para la puesta en marcha del centro ante la supuesta falta de colaboración de los socios originales.
El próximo 17 de abril, el juez Salguero deberá determinar si un médico anestesiólogo de nuestra ciudad actuó con el fin de obtener un lucro indebido mediante la frustración maliciosa de los derechos de sus socios, en un fallo que la comunidad médica de Pergamino espera que sea "ejemplificador".
En el juicio contra el médico anestesiólogo por administración fraudulenta, se presentaron pruebas específicas relacionadas con la falsificación de firmas en los libros societarios.
Durante el debate oral en los Tribunales presentaron como pruebas la existencia de peritajes caligráficos como parte fundamental de los elementos probatorios para acreditar la autoría del imputado en las maniobras defraudatorias
Durante su declaración testimonial, al hermano del acusado se le exhibió el Libro de Acta de Directorio Nro. 1 de la firma de la Sociedad Anónima original. Tras examinarlo, el denunciante afirmó que las firmas insertas en dichas actas no le pertenecen y, por el contrario, las reconoció como firmas pertenecientes a su hermano.
Como contraparte, al exhibírsele el Libro de Actas de Asambleas nro. 1, el denunciante sí reconoció como de su "puño y letra" las firmas insertas en el margen derecho de las fojas 1 a 14, lo que permitió diferenciar las actas legítimas de aquellas presuntamente falsificadas en el libro de directorio
Estas pruebas sustentan la acusación de que el acusado, en su carácter de presidente de la sociedad, habría actuado de manera unilateral y sin el consentimiento de su socio, falsificando su rúbrica para validar actos administrativos que terminaron desplazando al hermano denunciante y a otros inversionistas del proyecto original.
El contador desempeñaba un papel central y polifacético en la administración de la sociedad que benefició a quien ocupó el banquillo de los acusados.
Era el contador de la firma y, según el Estatuto de la sociedad, poseía un Poder Especial que le otorgaba facultades para realizar diversas actividades administrativas y financieras
Además, tenía el rol de encargado de recibir los aportes de dinero en efectivo que realizaban los distintos profesionales de la salud para integrarse a la clínica
Según el testimonio de los damnificados, él debía depositar esos fondos en la cuenta bancaria de la sociedad.
Era responsable de llevar la documentación societaria junto con el médico que ocupó el banquillo de los acusados en el Juzgado Correccional 2.
De hecho, los libros obligatorios de la clínica (Actas de Directorio, Asambleas, Diario General, Inventarios y Balances) fueron secuestrados por la justicia en su estudio contable
El contador participaba activamente en las reuniones de los accionistas y era quien emitía los recibos oficiales por los pagos recibidos
Ante las dudas de los inversionistas sobre la falta de registro de sus acciones, Raimundo era quien debía brindar explicaciones, aunque algunos testigos manifestaron que se negaba a mostrar comprobantes de gastos o balances
Fue uno de los encargados de informar a los socios que la sociedad original "se dejaba caer" y que era necesario conformar una nueva sociedad (Integra Medicina Privada S.A.) para poder operar el centro de salud, desvinculando el proyecto inicial de la estructura edilicia ya construida
El contador actuaba como el brazo administrativo y financiero del acusado, manejando tanto el flujo de fondos de los inversores como la formalidad legal de los libros de la empresa.