En sintonía con una jornada nacional de protesta bajo el lema Discapacidad en emergencia, este miércoles, la plaza Merced de Pergamino se convirtió en el epicentro local de un reclamo urgente, doloroso y sostenido. Con pancartas, consignas y mucha angustia, un nutrido grupo de familias, profesionales e instituciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad se congregaron para visibilizar una crisis que ya no se puede esconder.
Los reclamos se enfocaron en la desactualización de aranceles, los atrasos en los pagos, las trabas burocráticas y la incertidumbre en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.
“Estamos luchando para que se apruebe la Ley, pero no sabemos si va a salir. Algunos legisladores nos apoyan, otros son totalmente indiferentes. Sentimos que a muchos les da lo mismo la discapacidad”, expresaron con profunda frustración referentes de instituciones en diálogo con LA OPINION.
Uno de los puntos más críticos es la situación de IOMA, la obra social provincial: “En el centro de día Esperanza somos IOMA-dependientes. Cobramos cada dos o tres meses, y por debajo del nomenclador nacional. Así es imposible sostener el servicio. Muchas instituciones ya no quieren trabajar con IOMA, y se entiende. No se puede sobrevivir sin ingresos”, señaló Mónica Bañuls.
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Discapacidad sin aumentos
Los profesionales independientes tampoco escapan a esta realidad: “Autorizamos los tratamientos en enero, nos los aprueban en abril y los cobramos en septiembre. Y encima, con los valores de enero. La inflación nos come. Esto no es por falta de vocación: es porque ya no alcanza. Los cursos, los insumos, el transporte... todo cuesta. Y lo que se pone en riesgo es el acceso de los chicos a las terapias”.
Dificultad para las familias
Las familias también toman la palabra. Una mamá relató: “Tengo una hija con síndrome de West y parálisis cerebral. No se trata solo de nuestros hijos. La discapacidad puede llegarle a cualquiera, por la edad o un accidente. No se trata de caridad: se trata de derechos. La ley 24.901 es maravillosa, pero es letra muerta. No se cumple, y ese es el problema”.
Burocracia
Además de lo económico, se suman obstáculos burocráticos: espacios habilitados por el Ministerio de Salud aún esperan la categorización de ANDIS, sin la cual no pueden facturar a las obras sociales. “Nos piden cada vez más papeles, más requisitos. Cumplimos, y después exigen nuevas condiciones. Es un desgaste interminable. Las instituciones y los profesionales estamos al límite, pero las que se quedan sin atención son las familias”, advierten.
La movilización de este miércoles fue un grito colectivo, un intento de hacerse escuchar en medio del silencio institucional. Con la plaza como escenario, la comunidad de la discapacidad en Pergamino dejó en claro que no se trata de un sector minoritario ni ajeno: es parte del tejido social, y sus derechos deben ser defendidos por todos.
“Con la salud no se negocia”, cerraron con firmeza. Y con esperanza, aunque golpeada, pidieron algo simple y esencial: ser vistos, ser escuchados, ser respetados.
