Tras la reglamentación de la emergencia, en San Nicolás el sector afirma que el aumento es insuficiente y que persisten atrasos, recortes y deudas acumuladas.
Los prestadores de servicios vinculados al sector en San Nicolás manifestaron en diálogo con El Norte: “No hay cambios, todo sigue igual, la ley no se está aplicando”.
Google-ilustrativaEl sector de discapacidad volvió a expresar su malestar luego de la reglamentación de la Ley 27.793. Prestadores de la ciudad de San Nicolás y referentes nacionales advirtieron que, pese al reciente decreto del Ejecutivo, “no hay cambios concretos” y continúan los atrasos en pagos, recortes de prestaciones y demoras en autorizaciones.
El Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, reglamentó hace diez días la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 mediante el Decreto 84/2026, tras un proceso de veto parcial y posterior ratificación parlamentaria en 2025.
En ese marco, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas —dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad— definió un aumento del 5,78% en el nomenclador a partir de febrero de 2026. El ajuste se calculó según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Además, se resolvió aplicar desde marzo una actualización automática y mensual de aranceles en función del IPC.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un comunicado en el que cuestionó que la reglamentación no resuelve el problema estructural del sector.
Desde la organización señalaron que la ley tenía como objetivo recomponer la crítica situación económica de los prestadores, muchos al borde del cierre por el desfasaje entre aranceles y costo de vida. Sin embargo, advirtieron que los nuevos incrementos “se calculan desde bases que arrastran deudas”, lo que impediría una verdadera recomposición.
Según indicaron, este mecanismo genera distorsiones que agravan la brecha entre los valores reconocidos por el Estado y los costos reales de funcionamiento.
Prestadores de terapias en San Nicolás consultados por este medio coincidieron en que el aumento resulta insuficiente y que la situación cotidiana no cambió.
“Continúan los atrasos en los pagos, en la autorización de tratamientos y los recortes de prestaciones. Las mutuales hacen lo que quieren. No hay cambios, todo sigue igual y la ley no se está aplicando”, manifestaron.
El sector ya se había movilizado en reiteradas oportunidades durante 2024 y 2025 en reclamo de actualizaciones acordes a la inflación y mayor previsibilidad financiera. Ahora, con la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, advierten que evaluarán nuevas medidas si no se producen mejoras concretas en el corto plazo.