Profesionales, familiares y personas con discapacidad se concentraron en Plaza Merced para exigir la actualización de aranceles y denunciar la crítica situación del sector. La protesta fue parte de una jornada nacional que busca visibilizar el abandono estatal.
La movilización nacional tuvo su réplica en nuestra ciudad.
LA OPINIONCon la consigna "Discapacidad en emergencia", Pergamino fue una de las tantas ciudades del país que este lunes por la mañana se sumaron a la jornada de protesta nacional. Profesionales, personas con discapacidad y familiares se concentraron en Plaza Merced para reclamar la urgente actualización de los aranceles destinados a las prestaciones del sector.
La convocatoria buscó poner en evidencia la grave crisis que atraviesan instituciones y trabajadores dedicados a la atención de personas con discapacidad. Los aranceles, regulados por un nomenclador nacional, no se actualizan desde octubre de 2024, lo que ha generado un desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de múltiples servicios esenciales.
“El objetivo es informar a la sociedad y visibilizar esta situación crítica. Llevamos casi ocho meses sin una actualización en los valores de las prestaciones”, expresó Silvina Melgin, del Colegio Santa Clara, en diálogo con LA OPINIÓN. Además, advirtió: “Muchas instituciones están al borde del cierre, y los profesionales se ven obligados a abandonar la rehabilitación para dedicarse a otras actividades”.
El impacto de esta situación no recae solo en quienes trabajan en el sector, sino que afecta directamente a quienes más necesitan estos servicios. “Si las instituciones cierran y los prestadores dejan de trabajar, muchas personas con discapacidad quedarán sin atención, sin rehabilitación y sin acceso a tratamientos fundamentales para su desarrollo”, remarcó Melgin.
Desde la Asociación de Psicopedagogos también acompañaron la movilización y denunciaron otro problema estructural: las demoras en la autorización y pago de tratamientos por parte de las obras sociales.
“Hay casos donde se tardan entre dos y tres meses en autorizar un tratamiento, y luego otros tres meses más para empezar a cobrar. Es decir, comenzamos a trabajar con un niño en marzo y recién cobramos en octubre, y encima con honorarios desactualizados. Esta cadena está totalmente desfasada y ya no se puede sostener más”, señalaron desde la organización.
Ante la falta de respuestas, los organizadores de la movilización aseguraron que seguirán en las calles: “Tenemos que continuar visibilizando esta realidad. Los derechos conquistados con tanto esfuerzo por padres, ONG y asociaciones están siendo vulnerados. No vamos a dar un paso atrás, porque las personas con discapacidad también forman parte de esta sociedad”.
Alejandra, integrante de la Asociación Juani Muzzioli y mamá de un joven con discapacidad, recordó una situación similar vivida años atrás: “En aquel entonces tuvimos que ir al Concejo Deliberante, y logramos el apoyo de todos los concejales. Pero no tendríamos que llegar a ese extremo otra vez. Da mucha bronca que, gobierno tras gobierno, sin importar el partido, las personas con discapacidad y los jubilados sean tratados como ciudadanos de segunda. Eso duele, y tenemos que cambiarlo”.