La alerta de los gremios: la energía nuclear como política de Estado: Este miércoles, gremios del sector nuclear emitieron una señal de alarma que va más allá de una puja laboral. Con documentos firmes y una narrativa cargada de sentido histórico, denunciaron que la decisión del Gobierno Nacional de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) representa un punto de inflexión regresivo en la política energética argentina.
NA-SA es la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y su papel ha sido clave para consolidar una matriz energética diversificada, autónoma y con estándares internacionales. La decisión de incluirla en el paquete de privatizaciones de la ley Bases —ahora materializada en un decreto— fue leída por los sindicatos como una renuncia explícita a la planificación soberana del sector.
¿Qué se pierde cuando se privatiza una empresa como NA-SA?
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza fue categórico: “Están regalando décadas de inversión y trabajo técnico especializado”. Denunciaron que detrás de la medida no hay razones técnicas ni económicas, y que NA-SA es una empresa rentable, con una capacidad instalada estratégica y un capital humano único en el mundo. En ese sentido, el proceso de privatización —que incluye la venta del 44% del capital— no responde a criterios de eficiencia, sino a una ideología de desguace.
En la misma línea, la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATCNEA) advirtió que abrir el capital a privados implica perder autonomía decisional sobre uno de los sectores más sensibles del Estado moderno: la energía. También alertaron sobre el riesgo de desarticulación del ecosistema científico-tecnológico nuclear, uno de los pocos campos donde Argentina ha logrado soberanía real y reconocimiento internacional.
Zárate como epicentro simbólico y operativo
Aunque la noticia es de alcance nacional, el reclamo tiene anclaje directo en Zárate, sede de Atucha I y II, y hogar de miles de trabajadores que durante décadas han formado parte de la consolidación del sector nuclear argentino.
El Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná, con fuerte presencia en esa ciudad, denunció que la medida forma parte de una “privatización ruinosa” y advirtió: “Sin soberanía energética no hay industria, no hay desarrollo y no hay justicia social”.
La energía nuclear no solo es un activo económico: representa también un pilar de identidad tecnológica y autonomía nacional. Cederlo implica debilitar la capacidad del Estado para planificar a largo plazo, garantizar el acceso igualitario a la energía y sostener políticas de desarrollo con justicia distributiva.
Privatizar sin debate público: un patrón repetido
Con la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno oficializó que la venta parcial de NA-SA se realizará mediante una licitación nacional e internacional, reservando solo el 51% para el Estado. El proceso incluye también una figura de “propiedad participada” para empleados, aunque los gremios rechazan esa medida por considerarla un eufemismo que no compensa la pérdida de control estratégico.
Esta decisión se da en un marco político donde las privatizaciones avanzan sin discusión seria, sin participación de expertos independientes ni estudios de impacto a mediano y largo plazo. La entrega de activos clave sin una mirada soberana y sin consenso político amplio podría tener efectos irreversibles, especialmente en un sector como el nuclear, donde las decisiones de hoy se proyectan por décadas.
