El Gobierno avanzará con la privatización del 49% de Nucleoeléctrica Argentina. El Estado conservará el control de Atucha I, II y Embalse.
Se iniciaría el proceso de privatización Nucleoeléctrica Argentina, la forma que opera Atucha I, Atuca II en Lima, Zárate
LAOPINIONEl Gobierno avanza con la privatización parcial de un activo estratégico: El Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei, tiene listo el decreto que habilita la venta del 49% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I y II, ubicadas en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en la provincia de Córdoba.
Según el borrador del decreto, el proceso contempla la venta del 44% del paquete accionario mediante licitación pública (nacional e internacional), y la entrega del 5% restante a los trabajadores, a través de un Programa de Propiedad Participada.
El Estado conservará el control accionario, cumpliendo así con lo establecido por la Ley de Bases 27.742, que permite la privatización parcial pero exige que la mayoría accionaria permanezca en manos del Estado nacional.
El artículo 8 de la Ley de Bases dispone que el Estado debe tener voto decisivo en cuestiones estratégicas como:
La ampliación de capacidad de una central o la construcción de nuevas.
La salida de servicio, temporal o definitiva, por motivos no técnicos.
El ingreso de accionistas que puedan alterar el control societario.
El esquema legal impide que una eventual mayoría accionaria privada tome decisiones críticas sin consentimiento estatal, lo que en la práctica implica un mecanismo de veto estructural por parte del Estado.
En la actualidad, la composición accionaria de NA-SA es la siguiente:
79% en manos del Ministerio de Economía.
20% pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
1% está en manos de Enarsa.
El decreto establece que, antes de la venta, se deberá transferir el 20% de CNEA y el 1% de Enarsa a la Secretaría de Energía, centralizando así el paquete accionario estatal. También se prevé una reestructuración del 0,01% del capital, a ejecutarse en un plazo de 60 días.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, que contará con el apoyo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dirigida por Diego Martín Chaher, funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
A diferencia de otras firmas estatales, NA-SA no opera con déficit, sino que presenta resultados positivos sostenidos. Solo en el primer trimestre de 2025, declaró ganancias por $17.234 millones, consolidando su rol como generadora energética eficiente y rentable.
Actualmente, la empresa opera tres centrales nucleares que aportan 1763 MW de potencia instalada, lo que representa un 4,1% de la potencia bruta nacional. Pero su impacto real en la generación eléctrica es aún mayor: en 2024, sus plantas produjeron el 7,35% del total de energía eléctrica del país.
Este rendimiento se explica por el alto factor de capacidad de las centrales nucleares, que producen energía de manera estable y continua, a diferencia de otras fuentes como la hidráulica, solar o eólica, que están sujetas a factores climáticos.
La iniciativa generará debate en las próximas semanas, ya que NA-SA administra tecnología crítica, emplea personal altamente calificado y es uno de los pocos sectores de la infraestructura energética que ha mantenido superávit operativo.
Desde el Gobierno, la medida es presentada como una forma de “optimizar la gestión” e incorporar capital privado sin ceder el control estatal, aunque distintos sectores políticos y sindicales anticipan objeciones en función de la soberanía energética y la importancia geopolítica de la energía nuclear.