La Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII permitió desarticular objetivos vinculados al grooming, MASI y delitos sexuales digitales.
Ciberpedofilia, grooming y material de abuso sexual infantil fueron el eje de un megaoperativo desarrollado este miércoles en la provincia de Buenos Aires, donde fiscales especializados coordinaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades. La investigación permitió identificar sospechosos vinculados a delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
La provincia de Buenos Aires fue escenario este miércoles de uno de los operativos más importantes de los últimos años en la lucha contra la ciberpedofilia, el grooming y la circulación de material de abuso sexual infantil. Bajo la denominación “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se ejecutaron de manera simultánea 121 allanamientos en distintos puntos del territorio bonaerense con el objetivo de detectar, identificar y poner a disposición de la Justicia a personas investigadas por delitos sexuales cometidos a través de internet.
La acción fue coordinada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el procurador general Julio Conte-Grand, y contó con la participación de fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, además de fuerzas policiales y organismos de investigación especializados en delitos informáticos.
La denominada Operación Protección de las Infancias alcanzó a 76 localidades pertenecientes a 21 departamentos judiciales de la provincia, consolidándose como una de las investigaciones coordinadas más amplias realizadas hasta el momento contra redes vinculadas a la explotación sexual infantil en entornos digitales.
La investigación se centró en delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, relacionados con la tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil (MASI), además de situaciones de acoso sexual en línea conocidas como grooming.
Para llegar a los procedimientos concretados este miércoles, los equipos especializados analizaron durante meses una gran cantidad de información digital que permitió detectar inicialmente 138 objetivos investigativos. Tras las tareas de verificación y análisis, el número final se redujo a 121 domicilios y objetivos específicos que fueron allanados en forma simultánea.
La coordinación general estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.
Entre las dependencias judiciales que participaron activamente de la investigación se destacó la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.
Los fiscales Nelson Mastorchio y José María Cifuentes integraron la red provincial de investigadores que trabajó en la detección y seguimiento de los sospechosos vinculados a delitos sexuales contra menores de edad.
Los procedimientos se realizaron en departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otros.
La magnitud territorial de la operación demandó la participación coordinada de decenas de equipos de investigación distribuidos en toda la provincia.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Procuración General, fueron investigadas 111 personas. De ese total, 106 corresponden al género masculino y cinco al género femenino.
Los investigadores detectaron además dos menores de 18 años que habrían compartido material de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales.
El rango etario de los involucrados resultó particularmente amplio, ya que osciló entre los 15 y los 75 años.
Otro dato que llamó la atención de los responsables de la investigación es que seis de los sospechosos desempeñaban actividades laborales con contacto directo con niños, niñas o adolescentes.
Asimismo, durante el desarrollo de la pesquisa se identificó la convivencia de 37 menores de edad en los domicilios investigados y se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil que ahora son objeto de seguimiento y asistencia especializada.
Los investigadores también confirmaron que entre los objetivos allanados figuraba una persona con antecedentes en una causa previa por abuso sexual infantil.
Los procedimientos permitieron secuestrar una importante cantidad de dispositivos tecnológicos que ahora serán sometidos a peritajes forenses para determinar el alcance de las conductas investigadas.
Según el informe oficial, fueron incautadas 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares.
Además, se secuestraron dos armas de fuego y se realizaron 31 análisis preliminares sobre los dispositivos electrónicos encontrados durante los allanamientos.
Uno de los procedimientos se concretó incluso dentro de una unidad penitenciaria, donde personas privadas de la libertad eran investigadas por delitos vinculados al abuso sexual infantil.
Los especialistas también informaron que una de las causas surgió como derivación de un operativo anterior relacionado con la tenencia de material de abuso sexual infantil. A partir de esa investigación complementaria se logró detectar a una nueva imputada por presunta producción y distribución de este tipo de contenidos.
La Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII contó con la intervención de efectivos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, divisiones especializadas de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y distintas dependencias policiales especializadas en delitos informáticos.
También participaron las Delegaciones de Investigaciones, divisiones de delitos cibernéticos, gabinetes especializados en ciberpedofilia y trata de personas, además de unidades operativas federales distribuidas en diferentes ciudades bonaerenses.
Desde la Procuración General destacaron que el objetivo principal de este tipo de operativos es prevenir, detectar y perseguir delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos mediante plataformas digitales, reforzando las herramientas de protección de las infancias frente a las nuevas modalidades delictivas que se desarrollan en internet.