El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, bajo la dirección unipersonal del juez Ignacio Uthurry, dictó una sentencia que deja un sabor amargo para la seguridad en las zonas rurales de nuestro partido. Emanuel Aballay, el único sujeto que llegó a juicio acusado por una seguidilla de violentos asaltos contra dos mujeres en un campo sobre la ruta nacional 8, fue absuelto de los cargos más graves por el beneficio de la duda. A pesar de los esfuerzos de la fiscalía por vincularlo con los hechos, el magistrado consideró que las pruebas recolectadas no lograron derribar la presunción de inocencia del encartado en relación a los atracos perpetrados en agosto y septiembre de 2024.
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La Fiscalía sostiene que el sujeto que ocupa el banquillo de los acusados en el juicio participó de los robos sufridos por una madre adulta mayor y su hija en agosto y septiembre de 2024.
LA OPINION
Crónica de terror
Todo comenzó la noche del 24 de agosto de 2024, alrededor de las 21:00 horas, en una vivienda situada en el kilómetro 235 de la ruta 8. Allí, Delia Ester Brun y su hija Claudia Ester Siciliano se disponían a cenar cuando fueron sorprendidas por cuatro delincuentes armados que irrumpieron tras derribar la puerta de la cocina de una patada. Los asaltantes, que buscaban desesperadamente una suma de 100.000 dólares bajo un dato presuntamente erróneo, desplegaron una violencia inusitada. Claudia Siciliano fue trasladada al living, donde fue intimidada con una picana eléctrica mientras le exigían el dinero. Ante la agresión, la mujer entregó 300.000 pesos, pero no fue suficiente para los malhechores. Los sujetos la ataron de pies y manos en el baño con el cable de una estufa, amenazándola constantemente con cortarle un dedo si no aparecían los dólares. Mientras tanto, a su madre, Delia Brun, la mantuvieron sentada en la cocina con la cabeza cubierta con un mantel. La banda revolvió la casa durante una hora hasta que alguien desde el exterior les avisó mediante un equipo de comunicación tipo handy que el sereno de una empresa vecina los había detectado. En su huida, se llevaron dinero, celulares, una escopeta tipo carabina, joyas de plata y hasta alimentos del freezer y un acolchado.
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Investigación bajo lupa
Apenas una semana después, el horror volvió a repetirse. El 1 de septiembre de 2024, cerca de las 03:00 de la madrugada, tres hombres ingresaron nuevamente a la finca rural tras barretear una ventana. Las víctimas, que dormían en la misma habitación por el temor residual del robo anterior, fueron atadas y amenazadas con armas de fuego. En esta ocasión, los delincuentes se llevaron 20.000 pesos y el automóvil Citroen C3 de Brun, el cual fue hallado horas más tarde en la intersección de las calles Francia y Solís. La investigación policial, encabezada por la jefa de operaciones de la DDI local, Gabriela Palacios, puso el foco en Emanuel Aballay tras su aprehensión esa misma tarde en las cercanías de las calles Soberanía y Torrent. Al ser interceptado por la Patrulla Motorizada Municipal, Aballay intentó descartar un handy marca Baofeng que se encontraba transmitiendo en la frecuencia policial activa.
Este elemento fue la piedra angular de la acusación del fiscal Nelson Mastorchio, quien solicitó una pena de seis años de prisión. La fiscalía argumentó que el uso de equipos de radio para monitorear a las fuerzas de seguridad era un "modus operandi" coincidente con lo relatado por las víctimas de los robos rurales.
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Sentencia con dudas
Sin embargo, durante el debate oral, la defensa oficial ejercida por el abogado defensor Estanislao Carricart logró sembrar dudas razonables sobre la autoría de Aballay en los asaltos. El punto más crítico fue la descripción física de los delincuentes proporcionada por las propias víctimas. Claudia Siciliano declaró que los atacantes del segundo robo eran sujetos "bajitos", de aproximadamente 1,60 metros de altura. No obstante, las pericias antropométricas demostraron que Emanuel Aballay mide aproximadamente 1,80 metros, una diferencia de veinte centímetros que el juez consideró imposible de ignorar. Además, surgieron discrepancias sobre el color de pelo del sospechoso en las cámaras de seguridad en comparación con el aspecto de Aballay al momento de su detención. El juez Uthurry fue contundente en su razonamiento: la sindicación realizada por la policía Palacios y el testigo Gallo se basó en subjetividades y no en pruebas objetivas contrastables, como ADN o huellas dactilares, a pesar de que se habían recolectado muestras en la escena del crimen que nunca fueron debidamente cotejadas.
Víctimas sin justicia
El veredicto final resolvió condenar a Aballay únicamente por el tercer hecho: la captación indebida de comunicaciones policiales. Por este delito menor, recibió una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional. En cuanto a los dos robos agravados y las privaciones ilegales de la libertad que sufrieron Brun y Siciliano, el tribunal dictó la absolución por insuficiencia probatoria.
Esta decisión implica que, legalmente, no se ha podido identificar a los responsables de los violentos ataques, dejando los hechos en la más absoluta impunidad para las víctimas.
La Fiscalía tiene pendiente el esclarecimiento de la seguidilla de asaltos sufridos por la madre y su hija en la finca rural.
El juez citó doctrina que establece que la culpabilidad debe probarse "más allá de toda duda razonable" para derribar la presunción de inocencia, un estándar que la fiscalía no logró alcanzar en este proceso.
Libertad para Aballay
Tras la lectura de la sentencia, se ordenó la inmediata libertad de Aballay, ya que la pena impuesta por el uso del handy es de ejecución en suspenso. El fallo es un recordatorio de las falencias en la etapa de instrucción, donde se descartaron líneas investigativas sobre otros posibles sospechosos, incluyendo un automóvil rojo que había sido visto merodeando la zona y personas vinculadas a trabajos de albañilería en la propiedad de las víctimas. Mientras el sistema judicial cierra este capítulo, Delia Brun y Claudia Siciliano, quienes incluso debieron permutar su campo para mudarse a la ciudad por el terror vivido, ven cómo su búsqueda de justicia termina en un vacío legal. La inseguridad rural en Pergamino suma así un nuevo expediente sin culpables condenados, mientras los verdaderos asaltantes permanecen en las sombras.
Emanuel Aballay recuperó la libertad tras ser exculpado de los graves asaltos.
