La jueza Marcela Santoro debe resolver el juicio oral contra un hombre de Colón acusado de abuso sexual, estupro y corrupción de menores.
La jueza Marcela Santoro deberá definir el veredicto en el juicio oral seguido contra un hombre de 80 años de Colón acusado de abuso sexual, estupro, corrupción de menores y coacción, a partir de la denuncia de una joven que aseguró haber sido abusada durante su adolescencia en encuentros presuntamente mediados por dinero.
Tras cuatro jornadas de debate desarrolladas en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, quedó en etapa de resolución el proceso judicial contra un adulto mayor oriundo de Colón acusado de delitos sexuales denunciados por una joven de esa ciudad.
La acusación, sostenida por la fiscal de la descentralizada de Colón, Magdalena Brandt, atribuye al imputado los delitos de estupro, abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y coacción. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de doce años de prisión.
La magistrada Marcela Santoro será la encargada de dictar sentencia luego de analizar los testimonios, las pruebas incorporadas durante el debate y los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía como por los abogados defensores Joaquín Fraga y Germán Brescovich.
Durante las audiencias quedó expuesto un aspecto central de la vida privada del acusado que atravesó buena parte de los testimonios: su costumbre de mantener encuentros íntimos con mujeres a cambio de dinero.
Diversos testigos describieron que el hombre frecuentaba mujeres con quienes acordaba encuentros sexuales remunerados y que, en algunos casos, registraba imágenes y videos íntimos. Según trascendió en el debate, estas prácticas eran conocidas en el entorno social de la ciudad de Colón.
La Fiscalía sostuvo que la denunciante era menor de edad al momento de los hechos y que esa circunstancia coloca al acusado en una posición penalmente reprochable, independientemente de la existencia o no de consentimiento.
Por el contrario, la defensa insistió en que todas las relaciones mantenidas por el imputado fueron consentidas, voluntarias y desarrolladas con mujeres mayores de edad.
En declaraciones realizadas tras los alegatos finales, los abogados Joaquín Fraga y Germán Brescovich aseguraron que la acusación carece de pruebas contundentes y reclamaron la absolución total del acusado.
Los defensores sostuvieron que durante el juicio no se acreditaron elementos periféricos de corroboración que permitan sostener la existencia de abuso sexual. Además, plantearon que la denunciante habría tenido motivaciones personales para formular la acusación.
“Sostenemos que ella tenía un móvil para denunciar porque se había cansado de la relación y él quería continuarla”, afirmaron los letrados al exponer su teoría del caso.
Según remarcaron, nunca existieron amenazas, violencia física ni situaciones de sometimiento. Para la defensa, la relación estuvo siempre atravesada por acuerdos económicos y encuentros consentidos.
Otro de los ejes de la estrategia defensista estuvo centrado en presuntas irregularidades procesales detectadas durante el desarrollo del juicio oral.
Fraga y Brescovich señalaron que existió una afectación al principio de congruencia debido a discrepancias temporales en la acusación. Según indicaron, la defensa preparó su estrategia para responder sobre hechos presuntamente ocurridos en 2014, aunque durante el debate se discutieron episodios ubicados en 2015.
A criterio de los abogados, esta modificación del marco temporal alteró el derecho constitucional de defensa y afectó particularmente la imputación vinculada a corrupción de menores.
Asimismo, cuestionaron la vigencia de la acción penal respecto de la acusación por producción y conservación de material pornográfico infantil prevista en el artículo 128 del Código Penal. Sobre este punto, sostuvieron que la eventual persecución penal se encuentra prescripta desde diciembre de 2021 conforme a la legislación vigente al momento de los hechos investigados.
La defensa también destacó una particularidad procesal: los abogados asumieron la representación del acusado cuando la etapa de ofrecimiento de pruebas ya había concluido.
Esa circunstancia obligó a construir la teoría defensiva exclusivamente a partir de los testimonios propuestos por la Fiscalía.
“Tuvimos que trabajar la teoría del caso desde los propios testigos de cargo y aun así entendemos que no lograron acreditar el abuso sexual”, remarcaron los letrados.
Concluidas las audiencias y presentados los alegatos finales, el expediente quedó ahora bajo análisis de la jueza Marcela Santoro, quien en los próximos días deberá emitir el veredicto que definirá la situación procesal del acusado.
El veredicto de la jueza Marcela Santoro del Tribunal Oral en lo Criminal se conocerá durante el mediodía del viernes 5 de junio.