En la denuncia señaló a un hombre del entorno de una adulta mayor de 81 años como quien percibe los haberes jubilatorios y faltaría dinero en la casa.
La denuncia señala al apoderado de cobrar la jubilación como quien se quedaría con dinero de los haberes que generaría padecimientos económicos de la víctima.
LAOPINIONUna mujer de 81 años habría sido víctima de una maniobra que le hizo perder parte del dinero correspondiente a su jubilación. El caso fue denunciado por la hija de la octogenaria, quien alertó a las autoridades tras notar irregularidades en el manejo de los fondos de su madre y sospecha que un hombre de su entorno sería el responsable.
La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una abogada de 45 años que manifestó su preocupación por la situación económica de su madre, una adulta mayor que reside en Pergamino. Según consta en el parte policial, la denunciante relató que detectó inconsistencias en el uso de los haberes previsionales que percibe su progenitora, lo cual la llevó a sospechar que un sujeto allegado podría estar quedándose con el dinero de manera indebida.
A raíz de la presentación, se inició una causa caratulada como “Robo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Pergamino. Las autoridades judiciales y policiales comenzaron con las diligencias de rigor para intentar determinar si efectivamente existió una apropiación ilegítima de los fondos y, en caso afirmativo, identificar al responsable.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre la relación entre el sospechoso y la víctima, ni sobre el mecanismo utilizado para disponer del dinero. Tampoco se informó si existían autorizaciones o poderes legales que habilitaran al individuo a operar con los ingresos de la mujer.
En este tipo de situaciones, en las que se sospecha un abuso económico contra adultos mayores, la Justicia suele intervenir rápidamente para preservar los derechos patrimoniales y personales de la víctima. En este caso, no se descarta que se activen medidas de protección específicas, como el congelamiento de cuentas o la intervención de organismos especializados en la protección de personas mayores.
La causa está en etapa de investigación y por el momento no hay imputados formalmente, aunque se espera que el avance de las actuaciones permita esclarecer lo sucedido y, eventualmente, formular cargos si se confirma la apropiación indebida del dinero.