La defensa de Suizo Argentina denuncia una “caza de brujas” y pidió la nulidad total por audios obtenidos de forma ilegal que vinculan a Karina Milei y Lule Menem.
Emmanuel Kovalivker. Titular de la Suizo Argentina
LAOPINIONUna denuncia explosiva y una estrategia de defensa contundente: La causa judicial que sacude al Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo: los dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrada en los presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS),
solicitaron la nulidad absoluta de todo el expediente judicial. La base del planteo legal se apoya en la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que sostiene que si la prueba que da origen a una causa fue obtenida de manera ilícita, todo lo que se derive de ella resulta inadmisible.
La presentación fue realizada por el abogado Martín Magram, en representación de Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, titulares de la droguería. El escrito fue presentado justo cuando el juez Sebastián Casanelloordenaba allanamientos tanto en la sede de la ANDIS como en las oficinas de Suizo Argentina.
La causa nació a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien utilizó como sustento una serie de audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esos audios, difundidos a través de canales de streaming y redes sociales, Spagnuolo relataba un supuesto esquema de coimas en compras de medicamentos que involucraba a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
El revuelo fue tal que incluso se mencionaron posibles grabaciones clandestinas realizadas dentro de la Casa Rosada, en las que también se escucharía a la hermana del Presidente. Para muchos, un escándalo institucional de proporciones inéditas.
El documento presentado por la defensa es duro: habla de “una verdadera caza de brujas”, de “grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, y de un expediente que se sustanció “a espaldas de la defensa”, con un nivel de “oscurantismo y desinformación” impropios de un Estado de Derecho.
“El estupor causado por el avasallamiento de derechos esenciales de mis pupilos me conmina a aventurarme en este pedido, con escasa información extraída de la prensa y el radio pasillo”, advierte uno de los párrafos más críticos del escrito.
La estrategia de Magram es clara: deslegitimar el origen de la prueba madre, y con ello derrumbar todo el andamiaje procesal construido sobre los audios. El hecho de que se mencione que posiblemente ni siquiera estén incorporados al expediente refuerza el planteo de vulneración al derecho de defensa.
Mientras el oficialismo intenta contener el daño político y mediático, la defensa de los privados busca dar vuelta la página judicialmente. Sin embargo, el temor a nuevas filtraciones continúa latente. Los nombres involucrados son demasiado relevantes, y la grabación de una conversación dentro de Casa Rosada sigue sin explicación clara.
Desde el entorno de Javier Milei siguen insistiendo en que se trata de “una operación política” orquestada desde la oposición, pero el hecho de que la denuncia haya derivado en allanamientos, pedidos de informes y una investigación en curso habla de que el tema ya trascendió los límites de la especulación.
La causa por corrupción en la ANDIS está lejos de cerrarse. La jugada de Suizo Argentina buscando la nulidad total marca el inicio de una nueva etapa: la judicialización del proceso por las formas y los métodos más que por el fondo.
En ese marco, habrá que ver si la Justicia considera válidos los audios como pruebas y si la doctrina del “fruto del árbol envenenado” termina siendo el argumento que entierre uno de los casos más delicados del año para el gobierno de Milei.