Un proyecto de ordenanza presentado en el Honorable Concejo Deliberante propone la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental en la ciudad de San Pedro. La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de mejorar la respuesta ante problemáticas de salud mental en el ámbito local.
Un proyecto para articular políticas públicas de salud mental
Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández impulsan esta propuesta que busca institucionalizar un espacio de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y actores sociales. El proyecto fue elevado al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, y plantea la necesidad de avanzar en estrategias territoriales acordes a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
Según los fundamentos, la creación de una red permitirá optimizar recursos, evitar la superposición de intervenciones y brindar respuestas más eficaces a las demandas de la comunidad en materia de salud mental.
Cómo estará integrada la red interdisciplinaria
La normativa establece que la Red funcionará como un organismo consultivo, propositivo y operativo. Estará conformada por representantes del Departamento Ejecutivo —incluyendo las áreas de Salud, Seguridad, Género y Desarrollo de la Comunidad— junto a los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante.
Además, se prevé la participación de instituciones educativas, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar un abordaje amplio e interdisciplinario.
Funciones clave y plazos de implementación
Entre sus principales funciones, la Red deberá elaborar diagnósticos locales, diseñar protocolos de actuación y establecer circuitos de derivación claros para los vecinos. También se contempla la creación de una “hoja de ruta” para facilitar el acceso a servicios y la realización de campañas de concientización en distintos puntos del distrito.
El proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación. En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación tendrá un plazo de 60 días para convocar a los actores involucrados, y deberá presentar un informe anual público ante el Concejo Deliberante detallando avances y resultados.