El intendente de San Pedro participó de la movilización junto a funcionarios provinciales para exigir al Gobierno nacional el envío de fondos del SAE adeudados.
Un grupo de intendentes bonaerenses fue al Ministerio de Capital Humano por el desfinanciamiento de planes alimentarios y presentó un petitorio por falta de recursos.
ClarínLa vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, encabezó una movilización junto a intendentes y funcionarios provinciales, entre ellos Cecilio Salazar, intendente de la ciudad de San Pedro, hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar el envío de fondos destinados a la asistencia alimentaria escolar, en medio de un fuerte recorte presupuestario.
La jornada comenzó con una concentración en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde los jefes comunales firmaron un documento conjunto expresando su preocupación por el desfinanciamiento de programas esenciales. La movilización tuvo como eje central exigir el cumplimiento del envío de partidas correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE).
Posteriormente, los dirigentes se trasladaron al Ministerio de Capital Humano, donde denunciaron que no fueron recibidos. Según indicaron, la sede permanecía cerrada por disposición de la Policía Federal, lo que generó malestar entre los presentes y reforzó el tono del reclamo.
Durante la manifestación, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, calificó la situación como un “desfinanciamiento inédito” y advirtió sobre la brecha entre inflación y actualización presupuestaria. Según detalló, mientras la inflación ronda el 40%, el incremento previsto para el SAE es de apenas un 4%.
La participación de intendentes del interior bonaerense, como Cecilio Salazar, puso de relieve el impacto directo de esta situación en los municipios, donde la demanda de asistencia alimentaria crece de manera sostenida tanto en escuelas como en comedores comunitarios.
Tras la movilización, el intendente de San Pedro utilizó sus redes sociales para ratificar el reclamo y denunciar que la deuda del Gobierno nacional con la provincia en materia de asistencia alimentaria supera los 220.000 millones de pesos.
“Exigimos respuestas y el cumplimiento de las obligaciones que impactan directamente en nuestros municipios y en nuestros vecinos”, expresó Salazar, quien además lanzó una crítica directa a la administración nacional al afirmar: “Con la comida de nuestros chicos no se juega”.
En paralelo, la vicegobernadora Magario advirtió sobre el agravamiento de la situación social y cuestionó la falta de inversión en los sectores más vulnerables. El reclamo se da en un contexto marcado por la creciente demanda alimentaria y la reciente suspensión del programa MESA en la provincia, lo que profundiza la preocupación de los distritos bonaerenses.