La Justicia de San Nicolás investiga un faltante de $40 millones y apunta a maniobras para cubrir deudas personales con fondos del tesoro.
Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal nicoleño, decretó el embargo de una propiedad y la inhibición general de bienes de la tesorera del Banco Nación de San Pedro.
El NorteLa Justicia federal de San Nicolás dispuso el embargo de una propiedad y la inhibición general de bienes de la tesorera del Banco Nación de San Pedro, imputada por presunto peculado. La investigación apunta a un faltante de 40 millones de pesos detectado tras un arqueo y controles internos realizados en la sucursal.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó las medidas cautelares luego de que la Fiscalía avanzara con la imputación formal de la funcionaria, de 36 años, quien se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y la administración del tesoro.
Según la acusación, la mujer habría sustraído 40 millones de pesos mediante maniobras irregulares, aprovechando su acceso directo a los fondos de la entidad. El faltante fue detectado a partir de un arqueo preventivo realizado en octubre de 2025, que derivó en un control integral con personal especializado de Pergamino y San Nicolás.
Entre los principales elementos probatorios figuran registros del sistema de videovigilancia que mostrarían a la imputada manipulando dinero en sectores restringidos y retirando efectivo.
Además, los investigadores incorporaron documentación bancaria que evidenciaría pagos de tarjetas de crédito personales que coincidirían en montos y fechas con las maniobras detectadas. También se sumaron testimonios de empleados y los resultados del sumario administrativo interno que confirmó el faltante millonario.
Uno de los testimonios incluidos en la causa refiere a un mensaje enviado por la imputada el día del arqueo, en el que expresaba angustia por la situación generada.
La Fiscalía identificó al menos dos episodios relevantes. El primero habría ocurrido el 31 de julio de 2025, cuando la acusada retiró dinero del tesoro, lo ocultó entre sus prendas y luego realizó movimientos contables para encubrir la sustracción.
El segundo episodio, fechado el 8 de agosto, involucra la presunta utilización de fajos de billetes para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito por unos 16 millones de pesos, acompañada de operaciones virtuales destinadas a equilibrar los registros.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia analiza nuevas medidas y profundiza la recolección de pruebas sobre el manejo de fondos en la sucursal.