La investigación avanzó con dos procedimientos simultáneos en San Pedro. Los operativos permitieron secuestrar un teléfono celular y notificar a un adolescente.
En el marco de la investigación por la amenaza de bomba denunciada el pasado 11 de mayo en la Escuela Secundaria N° 4 de San Pedro, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad, con resultados positivos para la causa.
GoogleLa causa judicial que investiga la amenaza de bomba denunciada el pasado 11 de mayo en la Escuela Secundaria N° 4 de San Pedro registró importantes avances durante las últimas horas, luego de que las fuerzas de seguridad realizaran allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad que arrojaron resultados positivos para la investigación.
Los procedimientos se llevaron a cabo durante la tarde del martes y fueron coordinados por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), con el apoyo de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro, especialistas de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital, Policía Judicial y funcionarios de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.
Las medidas judiciales fueron autorizadas en el marco de la causa iniciada tras la amenaza que obligó a activar los protocolos de emergencia en el establecimiento educativo, generando preocupación entre alumnos, docentes, directivos y familias.
De acuerdo con la información suministrada por fuentes vinculadas a la investigación, uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero al 3000. En ese domicilio, los investigadores lograron secuestrar un teléfono celular que sería el dispositivo utilizado para realizar la amenaza que motivó la intervención policial y judicial.
El análisis de evidencia digital y el trabajo conjunto entre distintas áreas especializadas permitieron avanzar en la identificación de los posibles responsables, una tarea que demandó varias semanas de recolección y procesamiento de información tecnológica.
Además del secuestro del aparato, las autoridades procedieron a notificar a un menor de edad sobre la formación de una causa en su contra por los delitos de "Amenazas" e "Intimidación Pública", figuras contempladas por la legislación penal vigente.
Tras cumplirse las actuaciones correspondientes, el adolescente se retiró de la dependencia policial acompañado por uno de sus progenitores, tal como establecen los protocolos aplicables en causas que involucran a menores de edad.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la supervisión de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, que deberá evaluar las pruebas obtenidas durante los allanamientos y determinar el grado de participación de las personas involucradas.
Las autoridades judiciales también avanzan en el análisis de los dispositivos secuestrados y de la evidencia digital incorporada al expediente, con el objetivo de reconstruir de manera precisa cómo se produjo la amenaza y establecer todas las responsabilidades correspondientes.
El episodio generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa de San Pedro, ya que este tipo de amenazas obliga a desplegar importantes recursos de seguridad y prevención, además de alterar el normal funcionamiento de las actividades escolares. Por ese motivo, la Justicia busca esclarecer completamente los hechos y determinar las sanciones que pudieran corresponder según el resultado de la investigación.