Una ONG recurrió a la Justicia para detener la construcción de la planta siderúrgica en San Nicolás.
La construcción de una planta siderúrgica que lleva adelante la empresa Sidersa en San Nicolás está cuestionada en la Justicia a partir de una denuncia presentada por la ONG «Unidos por la Vida y el Ambiente» (UPVA), que sostiene que el proyecto se desarrolla en un marco de irregularidades administrativas y con un presunto impacto ambiental.
El NorteLa construcción de una acería en la ciudad de San Nicolás volvió a quedar en el centro de la polémica tras una denuncia judicial que advierte sobre presuntas irregularidades ambientales y administrativas, mientras la obra avanza y ya alcanza cerca del 20 por ciento de ejecución.
La ONG Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA) presentó una denuncia en la Justicia en la que sostiene que la obra de la empresa Sidersa genera un fuerte impacto ambiental. El eje del planteo está vinculado a la explotación de una cava ubicada en las inmediaciones del arroyo Ramallo.
Según detallaron, en ese sector se habría realizado una extracción de tosca a gran escala sin contar con habilitación provincial ni municipal, lo que, de acuerdo a la organización, provocó un daño significativo en el entorno natural de la zona.
En el marco de la causa, se llevaron adelante procedimientos judiciales con intervención de personal especializado en delitos ambientales y la participación de la Policía Federal. Estas medidas fueron impulsadas por el fiscal Matías Di Lello.
De acuerdo a la ONG, las pruebas recolectadas permitieron reconstruir el circuito del material extraído, señalando que la tosca era trasladada en camiones hacia el predio donde se desarrolla la planta siderúrgica. Además, indicaron que la actividad no contaría con aval de la Dirección de Minería bonaerense.
Desde la organización denunciaron que, a pesar de la investigación en curso, la obra continúa avanzando sin restricciones. En ese sentido, cuestionaron la falta de una medida judicial que disponga la paralización de los trabajos.
El expediente, que incluye una causa civil y otra penal, lleva más de dos años en trámite y actualmente se encuentra en instancia de apelación. Mientras tanto, el proyecto sigue en ejecución y suma preocupación entre los denunciantes, que reclaman una resolución de fondo.
A la par del conflicto judicial, la empresa obtuvo su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le permite acceder a beneficios fiscales y aduaneros. En este contexto, la controversia se mantiene abierta y pone en debate tanto el impacto ambiental como la legalidad del desarrollo industrial.