La legalidad del proyecto portuario de Ramallo quedó en el centro del debate tras el cruce entre un abogado ambientalista y la empresa.
El conflicto por el proyecto de instalación de un puerto multimodal en la zona de Costa Pobre sumó un nuevo capítulo con un fuerte cruce de declaraciones entre el abogado ambientalista Fabián Maggi, representante de vecinos y organizaciones sociales, y el empresario Carlos Bauza, titular de la firma impulsora del emprendimiento.
El NorteEl proyecto para instalar un puerto multimodal en la zona de Costa Pobre en Ramallo atraviesa un escenario de creciente controversia, con fuertes cuestionamientos legales y ambientales que derivaron en un cruce público entre representantes de vecinos y la empresa impulsora, en un contexto marcado por la intervención judicial y la incertidumbre sobre el futuro del emprendimiento.
El abogado ambientalista Fabián Maggi aseguró que el emprendimiento carece de habilitación ambiental válida y remarcó que existe una medida cautelar judicial que ordena la paralización total de las obras. Según explicó, el eje del conflicto no pasa por la rentabilidad del proyecto sino por el incumplimiento de normas ambientales obligatorias y la ausencia de mecanismos formales de control.
Maggi sostuvo que cualquier autorización ambiental requiere, de manera previa, un proceso de participación ciudadana que permita a la comunidad informarse y opinar sobre obras de alto impacto. De acuerdo a su postura, ese procedimiento nunca se realizó, lo que convierte en irregular cualquier avance registrado en el predio.
Desde la empresa, el empresario Carlos Bauza defendió públicamente la iniciativa y afirmó que el proyecto “se encuentra en regla”, con estudios técnicos que respaldarían su viabilidad. En ese sentido, destacó que el puerto permitiría potenciar la actividad logística y comercial, además de generar empleo y desarrollo económico para el partido de Ramallo.
Bauza también aseguró que las tareas realizadas en el lugar se ajustan a evaluaciones previas y negó irregularidades en el proceso, planteando que el emprendimiento representa una oportunidad estratégica para la región y no un riesgo ambiental.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la ubicación del proyecto en una zona considerada ambientalmente protegida. Maggi advirtió que Costa Pobre integra áreas de bosques nativos y humedales alcanzadas por normativas provinciales y nacionales, lo que impediría legalmente el cambio de uso del suelo para un emprendimiento portuario.
El conflicto también se trasladó al plano territorial y social, con cuestionamientos sobre la titularidad del predio y el cierre de accesos históricos utilizados por vecinos. Mientras la empresa sostiene la legitimidad de su posesión, desde los sectores opositores recuerdan que las márgenes de los ríos son bienes de dominio público y que existen derechos adquiridos por ocupación prolongada.
Con la medida cautelar aún vigente, el proyecto permanece paralizado y la causa continúa su curso en la Justicia, donde se analizan eventuales responsabilidades empresariales y administrativas, en un escenario que mantiene en vilo a la comunidad de Costa Pobre.