La Fiscalía General, fiscales juveniles y gremios docentes de Pergamino acordaron criterios para actuar ante violencia escolar y delitos.
La Fiscalía General y los representantes gremiales de Pergamino mantuvieron una reunión por los incidentes de violencia en las escuelas.
LA OPINION En la Fiscalía General se reunieron los representantes gremiales de trabajadores docentes y auxiliares de la educación pública y privada de Pergamino.
LA OPINIONLa marcha de trabajadores docentes y auxiliares a partir de los incidentes de violencia en escuelas del distrito, donde el suceso más grave ocurrió en la Secundaria 10 del barrio José Hernández, tuvo como eje reclamar seguridad y terminó en una reunión de los gremios con las autoridades judiciales; donde surgió la elaboración de un protocolo de intervención.
La Fiscalía General de Pergamino comenzó a definir un protocolo de intervención para casos de violencia en escuelas, con participación de fiscales juveniles y gremios docentes, para unificar criterios ante conflictos, delitos y situaciones de vulneración de derechos en instituciones educativas de Pergamino y Colón.
La iniciativa surgió tras una reunión realizada el martes 31 de marzo en la sede de la Fiscalía General, encabezada por el fiscal de Cámara Mario Daniel Gomez, junto a funcionarios del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil y representantes de distintas organizaciones sindicales docentes del distrito.
El objetivo principal del trabajo conjunto es establecer pautas claras de actuación frente a distintos episodios de violencia escolar, tanto en situaciones de conflicto entre estudiantes como en hechos que involucren a docentes, auxiliares, directivos o integrantes de la comunidad educativa.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, el protocolo en elaboración abarcará múltiples escenarios posibles dentro del ámbito escolar. Entre ellos se contemplan casos de violencia entre pares, agresiones de alumnos hacia docentes o personal no docente, episodios en sentido inverso y también conflictos entre trabajadores de las instituciones educativas.
Además, el documento incluirá lineamientos específicos para actuar cuando dentro de una escuela se detecten indicios de maltrato infantil, posibles abusos sexuales o cualquier situación que permita presumir la comisión de delitos contra niños, niñas o adolescentes, ya sea dentro del establecimiento o en el entorno familiar.
Uno de los ejes centrales del protocolo será definir con precisión cómo deben intervenir las autoridades escolares ante hechos de riesgo inminente, agresiones en curso o posibles delitos ya consumados.
También se establecerá el procedimiento formal que deberán seguir directivos y responsables institucionales al momento de formular denuncias judiciales cuando tomen conocimiento de hechos que puedan constituir delitos.
Desde la Fiscalía remarcaron que esta obligación no es opcional sino legal, y se encuentra respaldada por normativa nacional e internacional de protección integral de la niñez.
Entre las bases jurídicas invocadas figuran la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos, la Ley 27.455 y la denominada Ley Lucio, además de las leyes provinciales 13.298 y 14.750.
La intención institucional es que tanto las escuelas como los organismos judiciales cuenten con una herramienta uniforme que permita responder de manera homogénea ante situaciones similares, evitando criterios dispares entre establecimientos educativos.
Desde el Ministerio Público Fiscal consideran que uno de los problemas recurrentes en este tipo de situaciones es precisamente la diversidad de respuestas institucionales frente a hechos de igual gravedad, lo que muchas veces genera incertidumbre en directivos y docentes.
El protocolo apunta entonces a brindar seguridad jurídica y operativa a quienes deben intervenir en primera instancia frente a conflictos escolares.
En el análisis realizado durante el encuentro también se abordó el contexto social que rodea actualmente a muchas instituciones educativas del Departamento Judicial Pergamino.
Los funcionarios judiciales señalaron que la violencia escolar no puede analizarse de manera aislada, ya que suele estar vinculada a situaciones complejas como vulnerabilidad socioeconómica, conflictos familiares, problemas de salud mental y consumos problemáticos.
Por esa razón, el protocolo no sólo buscará ordenar la respuesta judicial, sino también facilitar una intervención estatal articulada que contemple el cuidado del ambiente escolar y la protección de derechos.
Desde la Fiscalía remarcaron que el desafío consiste en preservar condiciones adecuadas para la enseñanza, garantizar un espacio seguro de trabajo para docentes y auxiliares, y al mismo tiempo asegurar la protección constitucional prioritaria de niños, niñas y adolescentes.
La elaboración del documento continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de revisión técnica antes de su implementación formal en los establecimientos educativos de Pergamino y Colón.