Evangelina Lardone, abogada de la Secretaría de derechos Humanos de la Nación, presentó ante el juez Marcelo Bailaque, una solicitud de indagatoria a cuatro personas que, según la profesional, fueron autores de la muerte del entonces obispo de la Diócesis de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León que se produjera el 11 de julio de 1977, durante el Gobierno de facto.
En tal sentido se pide al magistrado que Antonio Bossié, Bernardo Landa, Omar Andrada y Sergio Bottini sean citados para ser indagados en el marco de la causa caratulada: "Saint Amant, Manuel Fernando sobre muerte por causa dudosa, víctima: Ponce de León, Carlos Horacio y otros".
Entre los argumentos expuestos por la profesional del derecho se menciona que Antonio Bossié, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Mayor y hasta el 20 de Diciembre de 1976, se desempeñaba como Jefe de Inteligencia y Operaciones de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Bernardo Luis Landa, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Capitán y desde el 5 de Enero de 1977 y hasta el 5 de Diciembre de 1977, se desempeñaba como Jefe de Personal y Logística (S1 y S4) de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
Omar Andrada, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Mayor, desde 1º de Enero de 1976 hasta el 5 de Diciembre de 1977, se desempeñaba como Jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101.
Y por otra parte, la abogada solicitó se llame a indagatoria a Sergio Bottini, quien en la causa fraguada era el acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de la firma Agropolo S.A., titular registral de
dicho vehículo automotor. Sergio Bottini viajaba según lo consignado por Martínez "por razones comerciales" de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up.
"Si bien Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en
Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de la sede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni tampoco sus negocios fueron objeto de constatación", expresa Lardone en el escrito y agrega que "existe también suficiente probabilidad de que
tanto Luis Martínez como Sergio Bottini hayan intervenido como autores directos y/o con colaboración de otros ejecutores y/o participaciones introduciendo el medio material para producir directamente la muerte del obispo y las lesiones a su acompañante".
Para la Secretaría de Derechos Humanos, la indagatoria es por los delitos de "homicidio doblemente agravado y para ocultar otro delito o procurar la impunidad para sí o para otro". Estos delitos se castigan con prisión de ocho a 25 años.
Lo que sucedió
El 11 de julio de de 1977, en una mañana lluviosa y con neblina, en la Ruta Nacional Nº 9 (Ramallo) el obispo de la Diócesis de San Nicolás falleció luego de que colisionaran el Renault 4 que conducía el prelado con una camioneta Ford F-100.
La muerte del prelado fue juzgada durante la dictadura como homicidio culposo en accidente de tránsito.
El conductor de la Ford F-100, Luis Antonio Martínez fue condenado por ese hecho en 1977.
La causa
Por pedido del entonces fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, la causa fue reabierta en 2004 por el juez de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruso, para ser investigada como un posible crimen de lesa humanidad urdido por las autoridades militares de esa ciudad bonaerense durante la última dictadura.
La investigación posterior, seguida por el fiscal Di Lello, permitió descubrir, según la fiscalía, una serie de "irregularidades" en la causa provincial que juzgó la muerte de Ponce como accidente de tránsito.
A principios de este año, la Cámara Federal de Rosario revocó una resolución de primera instancia que impedía continuar la investigación de la muerte en 1977 del obispo de San Nicolás Carlos Ponce De León, juzgada durante la última dictadura como un accidente de tránsito.
En la actualidad el juez Bailaque se encuentran a la espera del fallo de Casación respecto a si confirma o no el fallo de la Cámara de Rosario que anula la causa de Provincia que estableció la muerte violenta como "accidente automovilístico" en 1978.