Los familiares de un joven despedido del COA de Arrecifes pide disculpas al intendente tras confirmarse que la denuncia era falsa.
En Arrecifes, dos mujeres del centro que monitorea las cámaras de seguridad urbanas denunciaron a un joven, a quien dejaron sin trabajo.
DIARIO UNO ARRECIFESEn Arrecifes, la familia de un joven despedido del COA (monitoreo de cámaras urbanas) reclama públicamente al intendente una disculpa institucional luego de que una investigación oficial determinara que la denuncia en su contra era falsa. El caso generó fuerte repercusión por la exposición pública y las consecuencias laborales que afrontó el trabajador.
El conflicto se remonta a aproximadamente un año atrás, cuando durante una reunión vinculada a la seguridad local se expuso una supuesta irregularidad en el uso de cámaras de vigilancia por parte de un operador del Centro de Operaciones de Arrecifes (COA). La acusación, que no había sido verificada, fue planteada en un contexto político tenso y derivó en decisiones inmediatas.
Según expresaron los familiares del joven en un comunicado fechado el 14 de abril de 2026, el jefe comunal avaló públicamente esa versión sin que existiera una investigación previa que corroborara los hechos. A partir de esa situación, el trabajador fue desvinculado de su puesto sin explicaciones formales, lo que generó un fuerte impacto personal y familiar.
A partir de entonces, los allegados iniciaron un camino de reclamos ante el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, exigiendo el esclarecimiento de lo ocurrido. Durante meses insistieron en la necesidad de una investigación administrativa que permitiera determinar responsabilidades y confirmar o descartar las acusaciones.
Finalmente, tras la instrucción de un sumario administrativo, la Asesoría Letrada del Municipio concluyó que no existían pruebas que vincularan al joven con los hechos denunciados. En paralelo, el Concejo Deliberante también intervino en el caso y arribó a la misma conclusión: la denuncia carecía de sustento.
De acuerdo con lo manifestado por la familia, el origen de la acusación habría sido comentarios de dos empleadas que no compartían turno ni relación laboral directa con el joven. A pesar de ello, remarcaron que dichas trabajadoras continúan desempeñando sus funciones sin sanciones.
El caso dejó al descubierto, según sostienen los familiares, una serie de irregularidades y decisiones apresuradas que derivaron en la pérdida del empleo del joven y en un daño significativo a su reputación, al haber sido expuesto públicamente sin fundamentos comprobados.
“Fue un año de angustia, incertidumbre y desgaste emocional”, señalaron en el documento difundido a la comunidad, en el que remarcaron que el joven siempre estuvo a disposición para aclarar la situación y colaborar con la investigación.
En ese sentido, solicitaron de manera pública al intendente que emita disculpas por lo ocurrido, al considerar que se trata de un acto mínimo de responsabilidad institucional frente al perjuicio ocasionado. No obstante, expresaron dudas respecto de que ese gesto finalmente se concrete.
Por último, la familia agradeció a los integrantes del Concejo Deliberante que intervinieron en el tratamiento del caso, destacando la seriedad, el respeto y el compromiso con el que abordaron la situación.
El episodio, que tuvo amplia repercusión en la comunidad de Arrecifes, reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al momento de difundir acusaciones sin respaldo y las consecuencias que pueden generar en la vida de las personas involucradas.