Desde la Secretaría de Tierra, Vivienda y Obra Pública Social advirtieron sobre el mercado que se quiere poner en práctica con la venta de lotes que fueron adjudicados a familias de nuestra ciudad. Resaltaron la ilegalidad de las operaciones que se denunciaron en los últimos días en el barrio José Hernández donde tuvo que intervenir la Policía.
DE LA REDACCION. Ante la necesidad de alertar a la sociedad y crear conciencia sobre los efectos perjudiciales y potenciales conflictos por ofrecimientos u operaciones ilegales sobre terrenos sociales para viviendas, se informa respecto de los modos para acceder a la adquisición de tierras del Municipio.
Los postulantes deben ser grupos familiares empadronados en el Registro Unico y Permanente de Demanda de Tierra o Vivienda dependiente de la Secretaría de Tierra, Vivienda y Obra Pública Social. Tras cumplir los requisitos y ser seleccionados como beneficiarios para la adjudicación, abonarán por los lotes lo que corresponde, acorde a cada plan, el cual es elevado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante para su aprobación. Posteriormente se emiten las chequeras para el pago. Bajo ningún punto de vista debe ser efectuado por funcionarios, agentes municipales, referentes sociales, punteros políticos, o quien fuese que tuviera la pretensión de actuar como intermediario para la consecución de derechos sobre un lote fiscal fuera del procedimiento explicitado, dijo el secretario de Tierra, Vivienda y Obra Pública Social, Juan Manuel Batallánez a LA OPINION.
De igual manera quienes resulten beneficiarios de planes de acceso a la tierra o de viviendas sociales no pueden ceder, alquilar, permutar o negociar de manera alguna estos bienes hasta transcurrida la restricción de cinco años que se estipula al momento de la escrituración.
El Municipio informa expresamente en el acta de posesión precaria que otorga a los beneficiarios de la prohibición de estas operaciones y que la violación de esas condiciones genera automáticamente una causa de desadjudicación.
Es importante que la gente entienda que hasta que la adjudicación no se perfecciona con la escritura traslativa de dominio en favor del beneficiario, el titular de la tierra sigue siendo el Municipio y puede revertir ese otorgamiento por incumplimiento de las obligaciones acordadas, resaltó Batallánez.
Con la proliferación del uso de las redes sociales, se ve como por estos medios se ofrecen lotes que de ningún modo pueden estar en el mercado y que no representan ninguna garantía a quien los pague de que pueda adquirir derechos legítimos sobre lo que están comprando. Porque al participar de esa operación ilegal lo que está logrando no es ser beneficiario de una adquisición, si no víctima de una estafa.
Sabemos que son muchas las familias que tienen necesidad de un lote, pero los alertamos de que no caigan en la trampa de quienes lisa y llanamente les ofrecen a la venta algo que no les pertenece. Porque lo que parece una solución fácil, se convierte en un problema mayor en el corto plazo, destacó Batallánez.
Usurpar es un delito
Existen distintas modalidades de delito que apuntan a sostener un mercado inmobiliario marginal. La usurpación, la turbación de la posesión, las amenazas, la extorsión, la estafa, todas figuras que de acuerdo a la tipificación del Código Penal pueden llegar a penas de prisión de seis meses a tres años como en el caso de la usurpación.
Desde la Secretaría de Tierra y Vivienda acordamos con el intendente Javier Martínez una política de defensa de la tierra municipal; tenemos la convicción de que las tierras fiscales como bienes del Estado deben ser protegidas para cumplir con su verdadero fin. Como consecuencia, ante hechos que afecten ese cometido, no permaneceremos impasibles. Vamos a actuar con la firmeza que corresponda para defender el interés comunitario.
Realizada una reunión con el secretario de Gobierno, Carlos Pérez; el secretario de Seguridad, Karim Dib; representantes del Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad se convino afianzar el procedimiento que garantice el remedio efectivo ante casos que atenten contra el banco de tierras del Municipio o pretendan obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de los programas de acceso a la tierra.
Tenemos la responsabilidad enorme de trabajar para ir paliando la dificultad de acceso a la tierra y a la vivienda con los recursos posibles que nunca son los suficientes ante una demanda siempre creciente. Por eso es crucial que de la misma manera que estamos en una constante tarea de generar tierra apta para ser habitada, la defendamos para que no pase a engrosar un mercado negro inmobiliario.
Si tenemos sensibilidad social no podemos tolerar que una forma de ganarse el sustento sea amedrentar, extorsionar o amenazar a otros más necesitados para que no ocupen el predio o que se vean obligados a vender por monedas lo que el Estado les otorgó con el esfuerzo de todos, concluyó Juan Manuel Batallánez.