Esta área reúne quincenalmente a los letrados abocados a atender para temáticas del quehacer laboral y jubilatorio. Las demoras en la aprobación de expedientes que se registran en Anses y la detección de los gestores personas que llevan adelante trámites previsionales sin ser abogados, son algunos de los temas que preocupan al Instituto.
DE LA REDACCION. En el Colegio de Abogados funcionan diferentes Institutos, tal el nombre elegido para denominar a los espacios académicos en los que se abordan las temáticas específicas, que concitan el interés particular u órbita de trabajo de cada matriculado.
Entre los existentes se encuentra el Instituto de Derecho Previsional y Seguridad Social, un ámbito formado por numerosos profesionales que quincenalmente se reúnen para debatir e intercambiar opiniones acerca de las cuestiones que hacen a su labor cotidiana.
El pasado miércoles este ámbito de discusión se reunió en el Colegio de Abogados, de calle Rivadavia al 300. Entre los temas que preocupan a los participantes de este Instituto sobresalen las demoras que se registran en la aprobación de los expedientes de los interesados en jubilarse, hecho que estiman responde a los cambios de autoridad en Anses; y la detección de los gestores, personas que asesoran y llevan adelante trámites previsionales sin ser abogados.
Nuevos requisitos
Mariano Canclini es el director del Instituto y explicó, consultado por LA OPINION, sobre las modificaciones que se han registrado en los últimos meses para cobrar la jubilación. Los cambios, que el grueso de la población considera tediosos, tienen su causa en una cuestión de seguridad de la Anses a los efectos de no abonar los beneficios a personas que han fallecido. Para ello la Anses ha delegado en cada uno de los bancos la solicitud de un certificado de supervivencia. Los bancos se ven obligados a pedir el certificado de supervivencia para saber ellos firmemente que la persona sigue existiendo y no ha fallecido. Cada tres meses las entidades bancarias piden dicho certificado. Esto viene a suplantar el método de la huella digital (sea de los beneficiarios o de los apoderados) que había empezado a operar a mediados del año pasado, explicó Canclini. Y aseguró que se advirtieron múltiples casos de personas que estaban fallecidas y sus familiares eran los que continuaban cobrando el beneficio.
Sistema ineficaz
La informatización ha llegado a todos los ámbitos y eso hace pensar que debiera existir un sistema eficaz entre la Anses, los bancos y el Registro Civil a la hora de entrecruzar la base de datos con que cuenta cada entidad. Al respecto Silvina Mendi, integrante del Instituto de Previsión afirmó que tarda entre tres y cuatro meses el trámite a través del que Anses informa a los bancos que la persona falleció. Además el Registro Civil no tiene informatizadas las partidas de nacimiento o de defunción por lo que todo se complica aún más.
De acuerdo con lo expuesto por los profesionales, el circuito que se da en el siguiente: el Registro Civil notifica a la Anses, sobre los fallecimientos, a través de una planilla que le otorga quincenalmente, la Anses carga los datos en sus dispositivos pero toda esta logística tiene una duración de cuatro meses.
Supervivencia
Otro de los datos a tener en cuenta está relacionado con que el certificado de supervivencia, emitido por el Registro Civil, debe hacerse concretamente estando en contacto con el beneficiario para certificar que el mismo está vivo. En nuestra ciudad dicho certificado se concede con uno médico que en muchas oportunidades presenta el apoderado directamente sin intervención del beneficiario. Este es el reflejo de un sistema que funciona de manera deficitaria y que puede conducir a una maniobra fraudulenta de parte de algún familiar de beneficiario.
Expedientes demorados
La transición entre un Gobierno y otro a nivel nacional, apareja ciertas dificultades a nivel provincial y local con los cambios que se están dando en todas las entidades públicas. Esto apareja ciertos conflictos en el quehacer profesional. En este sentido Canclini sostuvo que en todas las entidades públicas que todavía no tienen jefes designados tenemos inconvenientes que no nos permiten desarrollar bien nuestra tarea.
La demorada designación del jefe en Anses provoca demoras en la aprobación de los expedientes que los abogados presentan ante cada persona que inicia los trámites con el fin de jubilarse. Tenemos un atraso irrisorio de expedientes que fueron iniciados y aún están a resolver por parte de la Anses. Algunos de ellos están cajoneados desde fines de 2015 cuando en realidad nunca antes habíamos registrado demoras. Por lo general la gente que decide iniciar un trámite de estas características lo hace porque necesita el beneficio y la obra social, detalló Mariana García.
¿Habrá cambios?
Todo cambio radical de Gobierno aparejaría modificaciones. En principio aún no se sabe si esta gestión ejecutiva nacional dará continuidad a la moratoria previsional que vence en septiembre de este año y que permitió que numerosas personas que aún no tenían la edad o los años de aportes suficientes acogerse a una moratoria para poder ingresar al sistema previsional en calidad de beneficiario. El Gobierno actual no se ha expedido en torno a la posibilidad de continuar con esta moratoria, dijeron los profesionales. No obstante los profesionales aseguraron que, lejos de haber confirmaciones por parte del Gobierno, se aplicarán modificaciones al sistema previsional.
Interrogados sobre la necesidad de un cambio en este sentido, Mariana García sostuvo que es necesario una modificación concreta en el sistema previsional, una proyección a largo plazo que tenga en cuenta de alguna manera a aquellos aportantes del ahora. Tenemos en Argentina una población activa que supera ampliamente a la pasiva y por eso es inentendible que los jubilados cobren el monto que cobran y en realidad el monto que les corresponde vaya destinado a beneficiar a otras personas.
Maniobra fraudulenta
Una de las temáticas que pretende ser resuelta por los profesionales del Instituto Previsional está relacionada con la aparición de los gestores, personas que sin ser abogados asesoran como tales. Tenemos conocimiento de un grupo de personas que se dedican a realizar asesoramiento, sobre todo a potenciales jubilados. Esto no es legal porque el gestor no tiene ninguna responsabilidad. Los abogados matriculados tenemos una responsabilidad profesional que incluso puede ser juzgada por un Tribunal de Disciplina dentro del Colegio de Abogados, señaló Canclini, y aclaró que hay personas que se hacen pasar por profesionales, que presentan trámites en la Anses gracias a la firma de un abogado real que realiza una maniobra fraudulenta.
Al respecto, los profesionales aclararon que, en cualquier rama jurídica, lo importante es siempre consultar con un abogado de la matrícula que está disponible en el Colegio de calle Rivadavia 328.