Por medio de un comunicado, el representante de la empresa avícola solicitó derecho a réplica motivado por las subjetividades puestas de manifiesto por el funcionario y aseveraciones que no se condicen con la realidad acontecida. Es absolutamente falso que no se cumpla con las ordenanzas municipales ni con las leyes provinciales, sostuvo.
DE LA REDACCION. El apoderado de la firma Sarape S.A, empresa avícola que mantiene desde 2009 un conflicto legal con el Municipio por una serie de inspecciones y clausuras que afectaron la producción de huevos, solicitó derecho a réplica para refutar las afirmaciones del secretario general de la Municipalidad, Carlos Elizalde, en una entrevista publicada en la edición del domingo pasado.
Elizalde se encuentra imputado junto al subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por haber dispuesto que una patrulla municipal se apostara en la puerta del establecimiento y la semana pasada brindó su versión de los hechos. A raíz de ello, por medio un escrito enviado a la redacción de LA OPINION, el apoderado de Sarape S. A., Jorge Correa, solicitó derecho a réplica motivado por las subjetividades puestas de manifiesto por el funcionario, ya que en carácter de empresario instalado en Pergamino desde 1971 no puedo permitir algunas aseveraciones del funcionario, ya que no se condicen con la realidad acontecida, señaló.
Acciones judiciales
Como primera medida, rechazo absolutamente lo dicho respecto a que todas las acciones judiciales y administrativas en curso, como las denuncias penales incoadas, están vinculadas con la política partidaria, ya que solo se han efectuado en defensa de los legítimos derechos de la sociedad que represento.
Con el fin de clarificar la cuestión, debo decir, que el procedimiento administrativo explica, que luego de agotada la vía administrativa, se acude a la judicial, y esto ha sucedido, ya que jamás prosperó ni un solo planteo ni recurso expuesto ante la Municipalidad local, por lo que tuvimos que acudir al Juzgado Contencioso Administrativo, en donde aún hoy se encuentran en discusión todas las medidas arbitrarias llevadas a cabo por funcionarios municipales, indica el comunicado.
Es absolutamente falso que no se cumpla con las ordenanzas municipales ni con las leyes provinciales, ya que se acreditó ante el Municipio, que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (Opds), máxima autoridad de aplicación en materia ambiental en la provincia de Buenos Aires, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, declarando apta la actividad de producción de huevos en el establecimiento. También son prueba de ello, las recientes inspecciones satisfactorias realizadas simultáneamente por el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Dirección de Prevención Ecológica y el Opds, añade el texto.
Resulta claro establecer quiénes son los que utilizan la política y el poder para, de manera impropia, arbitraria e ilegítima, pretender el cierre de una empresa de esta ciudad a la que han debilitado debido a que desde hace más de dos años le redujeron su capacidad productiva aproximadamente en el treinta por ciento. Pese a ello, no hemos reducido el personal ni la estructura operativa en la misma proporción, lo que nos produce un daño que deberá ser resarcido, asegura.
Patrulla en la puerta
Por otra parte, el apoderado menciona en el comunicado que no se referirá a las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, ya que tampoco es nuestro deseo mediatizar la justicia. Pero lo que queda claro, luego de leer la nota que estoy contestando, es que esa ha sido la voluntad del funcionario Elizalde, aportando imprecisiones y faltando a la verdad en la nota periodística.
Es pura retórica lo manifestado por el funcionario cuando expresa que ha colocado una patrulla con el fin de ejercer control. Debo destacar que la clausura fue dispuesta el año pasado y los funcionarios enviaron recién las patrullas, al día siguiente que el juez de la causa se excusara, en fecha 10 de marzo de 2015, aseveró.
Durante aproximadamente dos meses tuvimos la patrulla en la puerta del establecimiento, con la ilegítima orden de que no debía salir la producción, lo cual nos acarreó muchos problemas en la logística y comercialización, ya que debimos retirar los huevos en horarios no habituales para evitar las cuantiosas pérdidas económicas debido a que el producto es altamente perecedero.
El obrar del Municipio fue lo que determinaron las denuncias penales que se están investigando y en modo alguno se pretendió judicializar la política. Ha resultado evidente que todos los pasos legales que llevó adelante la empresa no fueron desacertados, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo de Junín (donde tramita la causa) ha revivido la cautelar que oportunamente decretara el juez de Pergamino, prohibiendo al Municipio decomisar ave alguna y el fiscal a cargo de una de las causas ha imputado a dos funcionarios municipales, circunstancia que ratificó el juez de Garantías, remarcó el apoderado.
Investigación
Por último, el comunicado pide dejar que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y la Penal den las respuestas a los planteos realizados, y que no pretendan tener injerencia otros poderes del Estado, mediatizando subjetivamente las cuestiones llevadas a investigación y a resolución judicial.
Sarape S.A. no ha perseguido ni perseguirá el procesamiento de ningún funcionario municipal. Solo pretendemos que se investigue si las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios merecen sanción. Para finalizar, quiero apelar a la buena fe del señor intendente municipal con el fin de que revise el proceder de sus funcionarios y autorice en forma urgente la plena producción en el establecimiento.