El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Junín presidió, junto a Maximiliano Brajer, la disertación que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados. De acuerdo con lo expuesto por el orador invitado, una posible solución para frenar los índices de reincidencia estaría determinada por la intervención del Estado que debe implementar un programa para dar trabajo a quienes salen del sistema carcelario.
DE LA REDACCION. En la tarde del viernes, en la sede del Colegio de Abogados, Rivadavia al 300, se concretó una disertación sobre: Poder punitivo y Legitimación moral del castigo. La ejecución penal y los modelos penitenciarios. Su relación con la política del Estado democrático. Formación de ciudadanos disciplinados. Respeto de la finalidad constitucional de la pena de prisión. La legislación en materia de ejecución penal: facultad privativa del Congreso Nacional o facultad no delegada por las Provincias.
La charla estuvo a cargo de dos representantes de instancias con distintas miradas sobre la realidad (un funcionario judicial y un profesional privado) tendiente a reparar acerca de qué es lo que efectivamente ocurre puertas adentro y de si estamos realmente bien orientados con este paradigma punitivista.
Los disertantes fueron: Andrés Ortiz, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Junín y el magister Maximiliano Brajer, director del Instituto Derecho Penal Colegio Abogados de Pergamino.
Temática compleja
En contacto con LA OPINION, Andrés Ortiz brindó detalles respecto a cómo funciona el sistema de privación de la libertad. Hablar del castigo a los declarados culpables, del sistema de privación de la libertad es un tema muy complejo y delicado ya que ha traspasado el derecho y a los abogados y se ha convertido en un tema hablado y analizado por el grueso de la ciudadanía. Atraviesa los intereses de todas las personas, explicó al tiempo que manifestó que nosotros como operadores del sistema debemos tratar de pasar por el filtro del sentido común nuestros conocimientos, no debemos apartarnos de lo que la gente requiere. No obstante también no tenemos que alejarnos de las normas jurídicas y de las conductas que se ponen a nuestro juicio.
Respuesta esperable
El abogado aseguró que el sistema de la pena privativa de la libertad no está dando una respuesta esperable que aporte soluciones al flagelo del delito.
Consultado respecto a cómo funciona el sistema carcelario y si cumple con los objetivos para los que fue creado, indicó que estamos manteniendo bien los postulados que hacen a la pena privativa de la libertad dentro de la democracia como postulados en sí, como guías pero estamos alejados en cuanto a que los poderes políticos de las provincias no se ocupan demasiado en llevar adelante todo lo que significa atender al interno para su posible resocialización o reinserción a la sociedad, aun cuando la mayor parte de los que caen en prisión son personas que vienen de los lugares más marginados de la sociedad.
Déficits
La pena privativa de libertad, en estos días, está llamada a ser el salvoconducto para el problema de la (in)seguridad. Sin embargo presenta serios déficits de legitimación como asimismo evidencia fracasos rotundos entre los fines declarados y los resultados obtenidos. Interrogado sobre el posible freno a la reincidencia, hecho que de algún modo frenaría la inseguridad, Ortiz aseguró que la posible solución estaría determinada por el aporte económico verdadero para que los que están dentro de las cárceles coman bien, sean atendidos en la parte sanitaria, se los eduque sin entrometernos en la psique de cada uno de los internos pero sí realizar algún aporte en la contención psicológica. Sería fundamental que, desde el Estado, se invirtiera dinero en darle una salida laboral inmediata a quienes salen de la cárcel. Debería proyectarse e implementarse un programa nacional para otorgar trabajo a quienes salen del sistema carcelario.
- Las mismas posibles soluciones ¿se aplicarían cuando se trata de menores?
- El caso de los menores es un tema mucho más complejo porque es esa franja etaria que tiene un acceso rápido al mercado de las drogas por lo que la mayor parte de los adolescentes son potenciales consumidores de sustancias. Una vez que el joven empieza a consumir el delito se acerca a él, y por los general, rompen con las estructuras sociales que existen ya que se trata de delitos graves como homicidios. Y aquí comienzan las contraposiciones. Por un lado se trata de defender a los niños y adolescentes a través de los múltiples derechos que existen mientras que, por otro lado, nos encontramos con menores que delinquen de manera horrorosa y en ese sentido los que ejercemos el derecho nos vemos en una situación altamente complicada porque no existen respuestas ni soluciones inmediatas.
Pena de muerte
La tendencia mundial con respecto a la aplicación de la pena de muerte se manifiesta en descenso. Cada vez son más los países que la prohíben y menores la cantidad de ejecuciones en los sitios en la que es legal.
A simple vista, la aplicación de la pena capital puede parecer que se efectúa en países subdesarrollados o bajo regímenes dictatoriales, sin embargo en Japón y Estados Unidos la aplican, al igual que en la democracia más numerosa del mundo: India.
En América Latina, la pena capital está abolida de hecho. Solamente en Cuba y Guatemala es legal mientras que Brasil, Chile y Perú la mantienen solamente en casos de guerra o conflicto armado interno.
En Argentina la última ejecución legal se llevó a cabo en 1916, pero recién en 2008 el Senado derogó el Código de Justicia Militar, el único que aún contemplaba la pena capital.
En el mundo
En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia.
A veces este castigo ha servido de escarmiento. Por ejemplo, en Corea del Norte en 2007, el director de una empresa fue ejecutado públicamente en un estadio deportivo, ante 150 mil personas como represalia por haber realizado llamadas telefónicas al exterior.
En Estados Unidos, la mayoría de los estados contemplan la pena de muerte. El estado de Connecticut fue el último en abolirla mientras que en California una solicitud firmada por más de medio millón de personas produjo que se realice un referéndum popular, que podría derogarla.
Lo cierto es que la pena de muerte está perdiendo espacio en el mundo, sin embargo, en los países que se sigue aplicando se tiende a condenar a los más pobres y a sobreseer a los poderosos.
Nada viable
Consultado respecto a la aplicación de la pena de muerte en Argentina, Ortiz expresó: Mi mirada respecto a la pena de muerte es absolutamente negativa. La pena de muerte no disuade. La proliferación psicológica que existe en un ser humano es tan inasible que ninguna pena, así sea la muerte, evitará que otras personas cometan un delito. Estados Unidos tiene una tremenda historia, hace dos años que se publicó un libro que cuenta numerosos casos en que se dio muerte a personas que luego se comprobó no eran los autores del delito. A la persona no se le devuelve la vida cuando se decide ejecutarla.
Por último concluyó: Que en Argentina se puedan aplicar penas de prisión es positivo ya que esto permite que se pueda revisar el fallo y el caso en general ante los errores judiciales que se llegaran a suscitar. La acción de revisión se encuentra en todos los códigos procesales y es un arma muy valiosa para contrarrestar el error judicial y remediar la situación de los culpables.
En Estados Unidos, la pena de muerte se aplica en algunos estados pero en los que está permitido los índices de reincidencia no han mejorado sustancialmente.
