En el juicio oral por dos robos a comercios de Pergamino, la Fiscalía pidió una condena de 7 años y 4 meses. La defensa reclamó la absolución.
Los robos a un par de comercios en el mes de junio de 2023 se sometieron a debate oral para determinar la responsabilidad penal de un sujeto.
LA OPINIONEl juicio oral por dos robos a comercios de Pergamino llegó a su etapa decisiva tras dos jornadas de debate desarrolladas en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. La Fiscalía solicitó una condena de siete años y cuatro meses de prisión para el acusado, mientras que la defensa reclamó su absolución por falta de pruebas. El veredicto se conocerá el próximo 17 de junio.
Durante las jornadas del jueves y viernes se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino el debate destinado a determinar la responsabilidad de Rodrigo Joel Díaz en dos hechos ocurridos durante junio de 2023, cuando habría participado en asaltos contra locales comerciales de la ciudad.
La acusación fue sostenida por el fiscal Daniel Aguilar, integrante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los episodios investigados habría sido cometido junto a un menor de edad.
Ante la jueza Marcela Santoro, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de siete años y cuatro meses de prisión, al considerar acreditada la participación del imputado en ambos hechos.
Por su parte, el defensor oficial Lisandro Gargulinski pidió la libre absolución al sostener que durante el juicio no se incorporaron pruebas suficientes que permitan ubicar al acusado en la escena de los delitos y cuestionó especialmente la valoración de algunos testimonios policiales utilizados durante la investigación.
Uno de los episodios analizados durante el debate ocurrió el 20 de junio de 2023 en un kiosco de atención permanente ubicado en la esquina de avenida Rocha y Echevarría.
De acuerdo con la acusación fiscal, cerca de las 00:24 el imputado ingresó inicialmente al comercio simulando ser un cliente. Primero solicitó cigarrillos y un encendedor. Minutos más tarde regresó acompañado por un adolescente que habría permanecido vigilando la situación.
Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, ambos volvieron a ingresar al local y solicitaron agua para una lata que llevaba uno de ellos. Cuando la empleada accedió al pedido, el acusado habría extraído un arma blanca tipo cuchilla para intimidar a los trabajadores.
Mientras el acompañante reducía a uno de los empleados, el principal acusado se habría apoderado de dinero en efectivo de la caja registradora y de una riñonera que contenía la recaudación del comercio.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que diversos elementos probatorios y testimoniales permitieron vincular al imputado con el hecho.
El segundo episodio juzgado ocurrió el 15 de junio de 2023 en la panadería Don Alejandro, ubicada en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Mar del Plata.
Según la acusación, el acusado ingresó al local y solicitó una baguette de pan. Una vez que la empleada le entregó el producto, habría exigido la recaudación del comercio afirmando que llevaba un arma de fuego en la cintura.
La trabajadora reaccionó alejándose del mostrador y comenzó a pedir ayuda a los gritos. En ese momento, el sospechoso habría intentado extraer un objeto de su cintura, aunque no logró exhibirlo.
Siempre según la hipótesis fiscal, el elemento cayó al piso, el hombre se agachó para recogerlo y abandonó rápidamente el comercio sin obtener dinero, llevándose únicamente el pan que había solicitado.
Este episodio generó uno de los principales debates jurídicos del juicio.
La defensa cuestionó la calificación legal y el valor probatorio del hecho ocurrido en la panadería, especialmente porque el único objeto efectivamente sustraído fue una baguette.
Durante su alegato, el defensor planteó la discusión sobre el denominado principio de bagatela, una figura doctrinaria utilizada en algunos casos para analizar hechos de escasa significación económica.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la gravedad del episodio no debía evaluarse exclusivamente por el valor económico del bien sustraído, sino por el contexto intimidatorio en el que se produjo.
El fiscal remarcó que las víctimas eran trabajadoras que se encontraban desempeñando sus tareas laborales en soledad y que fueron sometidas a amenazas mientras cumplían sus funciones.
Asimismo, destacó el impacto emocional que los episodios provocaron en las damnificadas.
En relación con el robo al kiosco, la acusación señaló que una de las empleadas sufrió consecuencias laborales posteriores al asalto, ya que dejó de desempeñarse en ese comercio pocos días después del episodio debido al temor que le generó la situación vivida.
Antes de que concluyera el debate, el acusado tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y reiteró su inocencia.
En sus últimas palabras sostuvo que no participó en ninguno de los hechos que le atribuye la acusación y aseguró que durante todo el proceso no existieron pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad.
Tras escuchar a las partes, la jueza Marcela Santoro dio por finalizada la audiencia y anunció que el veredicto será dado a conocer el próximo 17 de junio a las 12:00.
Ese día se conocerá si el tribunal considera acreditada la responsabilidad penal del acusado en los robos a comercios ocurridos en Pergamino o si corresponde hacer lugar al planteo absolutorio formulado por la defensa.