El director médico sostiene que la denuncia de PAMI apunta a cuestiones ajenas a su área y confirmó que ya trabaja junto a sus abogados para ejercer su defensa ante la imputación judicial.
Clinica Centro de calle Pueyrredon
Google MapsEl director médico de la Clínica Centro salió públicamente a despegarse de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de San Nicolás por un presunto fraude contra el PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que, según la denuncia, nunca fueron realizadas a afiliados de la obra social de jubilados y pensionados.
En diálogo con Diario LA OPINION, el profesional negó tener participación en las maniobras bajo análisis y sostuvo que las funciones inherentes a la dirección médica no incluyen responsabilidades vinculadas con la administración económica ni la facturación de servicios.
La causa judicial tomó notoriedad pública luego de que trascendiera que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo formalizó la investigación penal contra directivos de la institución sanitaria ubicada en calle Pueyrredón al 800. La pesquisa apunta a determinar si desde el establecimiento se facturaron internaciones, consultas y estudios inexistentes al PAMI.
Según los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores de la Fiscalía Federal identificaron 28 casos testigo de supuestas prestaciones apócrifas. No obstante, tanto la Fiscalía como los organismos de control consideran que podría tratarse solamente de una parte de una maniobra de dimensiones mucho mayores.
Consultado por este medio acerca de su situación procesal, el director médico insistió en que su función dentro del establecimiento no guarda relación con las áreas administrativas involucradas en la denuncia.
“Yo como director médico no tengo absolutamente nada que ver con la parte administrativa, económica, facturación, ni nada de eso; la función del director médico no tiene nada que ver con esto”, expresó durante la entrevista.
El profesional sostuvo además que la imputación judicial no implica una responsabilidad automática y cuestionó la amplitud de las denuncias penales en este tipo de expedientes.
“A partir de la denuncia del PAMI, que sabrá cómo corroboró las cosas y todo lo demás, termina en la imputación de todas las personas a las cuales tenga que imputar o se le ocurra imputar. Vos podés denunciar a quien quiera y manosear a quien quiera. Eso es un tema; son decisiones personales, incluso no profesionales”, manifestó.
Las declaraciones reflejan la estrategia defensiva que comenzaría a delinearse entre algunos de los involucrados en la causa: diferenciar las funciones médicas de las tareas administrativas relacionadas con la facturación y los convenios con la obra social nacional.
La investigación se encuentra radicada en el Juzgado Federal de San Nicolás y tuvo un avance significativo tras una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina en la sede del centro de salud pergaminense.
Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron documentación administrativa, registros de atención y elementos informáticos que actualmente están siendo peritados para reconstruir el circuito de facturación observado por el PAMI.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la obra social detectó inconsistencias entre prestaciones liquidadas y testimonios de afiliados que negaron haberse atendido en el establecimiento o haberse realizado determinados estudios.
A partir de esa información, se impulsó una denuncia penal que derivó en la apertura formal de la causa y en la imputación de autoridades vinculadas a la conducción institucional.
El magistrado dispuso medidas cautelares sobre los acusados, entre ellas la prohibición de salida del país y cauciones reales millonarias mientras avanza la investigación.
La resolución judicial considera que existen elementos suficientes para continuar profundizando la pesquisa, aunque todavía resta determinar el alcance total de las presuntas irregularidades detectadas.
El eje central del expediente gira en torno al supuesto cobro indebido de prácticas médicas inexistentes a nombre de afiliados del PAMI.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, desde la institución se habrían presentado liquidaciones por internaciones, consultas y estudios que nunca llegaron a concretarse. Parte de esas prestaciones habría sido validada administrativamente y luego abonada por la obra social.
Los 28 casos testigo incorporados inicialmente al expediente constituyen la base sobre la cual los investigadores comenzaron a reconstruir el posible mecanismo utilizado.
Sin embargo, el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos podría ampliar considerablemente la cantidad de situaciones observadas.
En ámbitos judiciales consideran que el expediente recién atraviesa una etapa inicial y que todavía falta revisar una enorme cantidad de registros vinculados a períodos anteriores.
La dimensión económica del perjuicio tampoco fue determinada hasta el momento. Esa estimación dependerá del avance de las pericias contables y del entrecruzamiento de información entre el PAMI y los sistemas administrativos del prestador médico.
El director médico confirmó que ya fue notificado formalmente de la existencia de la causa y que comenzó a trabajar junto a asesores legales para ejercer su defensa.
Según indicó, buscará dejar claramente establecido que las decisiones relacionadas con la administración financiera y la facturación de prestaciones exceden las funciones específicas que desempeña dentro de la estructura sanitaria.
El profesional remarcó que su rol está vinculado a la coordinación médica y asistencial del establecimiento y negó haber intervenido en procesos administrativos relacionados con convenios o liquidaciones.
Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo testimonios de afiliados y analizando documentación interna de la clínica.
En paralelo, la repercusión pública del caso generó fuerte impacto en la comunidad local debido a la importancia histórica de la institución privada dentro del sistema sanitario pergaminense y al volumen de afiliados del PAMI que reciben atención en ese establecimiento.
La causa federal podría derivar en nuevas imputaciones si durante el análisis de la documentación secuestrada aparecen otros elementos que permitan ampliar responsabilidades penales.
El expediente permanece bajo reserva parcial mientras continúan las medidas probatorias impulsadas por la Justicia Federal y los organismos técnicos vinculados a la investigación.
En este contexto, las declaraciones públicas del director médico representan la primera respuesta institucional conocida tras la difusión de la pesquisa judicial.
La evolución del caso dependerá ahora de las pericias contables, los informes técnicos y la verificación individual de las prestaciones cuestionadas por la obra social nacional.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que el volumen de documentación incorporada durante las últimas semanas obliga a un trabajo minucioso que podría extenderse durante varios meses antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la magnitud real de las maniobras investigadas.