Desde el 2 de enero en Ramallo rige un recargo municipal del 2% por litro de combustible, que ya impacta entre 25 y 30 pesos en el precio final.
Desde el 2 de enero comenzó a regir en Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un recargo del 2% por litro de combustible que ya encarece entre 25 y 30 pesos el precio final
Google-ilustrativaDesde el 2 de enero comenzó a aplicarse en el partido de Ramallo la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un tributo municipal que grava el combustible con un recargo del 2% por litro y que ya se refleja de manera directa en los surtidores, encareciendo el costo para vecinos, trabajadores y sectores productivos.
El nuevo gravamen se implementa de manera progresiva, a medida que las estaciones de servicio logran adecuar sus sistemas de facturación. Allí donde ya se encuentra operativo, el impacto es inmediato: el aumento oscila entre 25 y 30 pesos por litro, según el tipo de combustible. La medida alcanza a todos los consumidores y no distingue entre usos particulares, laborales o productivos.
Desde el sector expendedor confirmaron que la tasa no puede ser absorbida por las estaciones, por lo que se incorpora automáticamente al precio final. De este modo, el municipio trasladó de forma directa la carga del tributo al consumidor, en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo.
La decisión municipal afecta de lleno a trabajadores, comerciantes, productores y familias que dependen del transporte para desarrollar sus actividades cotidianas. El encarecimiento del combustible también repercute en los costos logísticos y de servicios, generando un efecto cascada sobre la economía local.
Además, la implementación dejó al descubierto dificultades administrativas. Las estaciones de servicio fueron notificadas recién el 23 de diciembre y debieron solicitar prórrogas para adaptar sus sistemas, ya que muchas de las modificaciones requieren autorizaciones de casas matrices y petroleras.
En paralelo, continúa pendiente una definición judicial tras la presentación de una medida cautelar que busca suspender la tasa. El planteo cuestiona tanto la legalidad como la razonabilidad de imponer un nuevo recargo sobre un producto que ya soporta una elevada carga impositiva nacional y provincial.
Si bien el Ejecutivo sostiene que lo recaudado se destinará al mantenimiento de la red vial, el argumento no logra disipar las críticas. No existen garantías concretas ni mecanismos claros de control y rendición de cuentas, lo que alimenta el temor de que el tributo se convierta en un recurso de libre disponibilidad sin mejoras visibles en calles y caminos del distrito.