Pese al avance de la causa judicial por estrago culposo y al sumario administrativo, no hubo apartamientos preventivos en la escuela de la grave detonación.
Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.
Captura de videoA más de un mes de la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, la vida institucional transcurre como si nada hubiese pasado, a pesar que la niña Catalina Maglio sufrió graves lesiones que la mantienen en tratamiento especializado.
En el establecimiento educativo de gestión privada, ubicado en la localidad de Rancagua, no se adoptaron medidas preventivas sobre los directivos y docentes que podrían tener responsabilidades en el incidente que provocó lesiones gravísimas a la niña Catalina Maglio, de 10 años, y heridas de distinta consideración a otras 18 personas.
El siniestro ocurrió en la noche del jueves 9 de octubre, cuando durante una de las demostraciones experimentales de la feria explotaron los materiales utilizados en una maqueta que pretendía simular la erupción de un volcán. La detonación generó una onda expansiva que alcanzó a personas que presenciaban el evento abierto al público.
La comunidad reclama explicaciones y medidas concretas, mientras el funcionamiento de la escuela permanece inalterado. Los máximos responsables siguen cumpliendo sus tareas habituales. Qué involucra a la directora del establecimiento, quien continúa al frente de la institución.
Fuentes del ámbito educativo confirmaron que el sumario administrativo interno fue cerrado y elevado a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, no se dispusieron apartamientos preventivos de quienes figuran mencionados en el expediente judicial ni se aplicaron sanciones provisorias hasta tanto se determinen las responsabilidades.
En el fuero penal, la causa avanza bajo la calificación de estrago culposo con lesiones graves y gravísimas, delito que contempla la posibilidad de imputar a más de una persona por haber actuado con negligencia o sin adoptar las medidas de seguridad adecuadas.
Según trascendió, podrían quedar procesados el profesor de Química, la directora del colegio y la inspectora de Dipregep de nivel Secundario que supervisaba el establecimiento.
Paralelamente, dos inspectoras de Escuelas Privadas de la provincia de Buenos Aires elaboraron un informe técnico y administrativo exhaustivo en el que reconstruyeron el incidente paso a paso y analizaron el grado de responsabilidad de cada uno de los intervinientes. En ese documento, las funcionarias revisaron las normativas vigentes sobre seguridad, manipulación de materiales reactivos y organización de eventos escolares abiertos al público, concluyendo que hubo omisiones y fallas en la supervisión institucional.
Pese a la gravedad de las conclusiones, las autoridades de la escuela no comunicaron públicamente medidas correctivas ni cambios en los protocolos internos, y las familias afectadas aseguran que no recibieron información oficial ni gestos de reparación institucional.
Cuando en otros incidentes de tamaña magnitud se produjeron apartamientos preventivos inmediatos mientras se esclarecían las instrucciones judiciales y actuaciones administrativas de la cartera educativa; en este caso todo parece seguir igual.
El único que no estaría cumpliendo con sus funciones habituales sería el profesor por encontrarse de licencia médica, por un aparente diagnóstico de salud mental, desde el primer día hábil posterior al incidente. El educador tiene una docente suplente que le cubre sus clases.
En tanto, la directora del establecimiento educativo sigue al frente del servicio de nivel Secundario de gestión privada de la localidad de Rancagua.
También, la inspectora a cargo de la supervisión pedagógica de las actividades educativas del establecimiento educativo, continúa con sus funciones de esa escuela y otras instituciones privadas del distrito.
