En el marco del Proyecto Justicia Humanizada 360, se implementa un modelo pionero centrado en la dignidad, la empatía y el respeto hacia quienes atraviesan el sistema penal. la idea es lograr una justicia que escuche y acompañe
El Departamento Judicial de San Nicolás marcó un hito institucional con la creación de la primera Unidad de Experiencia de la Víctima, una iniciativa inédita en el país que forma parte del Proyecto Justicia Humanizada 360. El objetivo: transformar el trato a las víctimas dentro del sistema judicial penal a través de un enfoque interdisciplinario, empático y centrado en el ser humano.
La nueva unidad está conformada por un equipo con competencia transversal que trabaja de manera articulada en todas las etapas del proceso penal. Su función principal es mejorar la experiencia de las víctimas en su recorrido por el sistema, entendiendo que el acceso a la justicia no solo debe medirse en términos procesales, sino también en el acompañamiento humano.
Una justicia que escuche y acompañe
El modelo de funcionamiento se basa en un proceso de escucha activa que incluye no solo a las personas víctimas, sino también a los operadores judiciales que intervienen en cada causa. Esta lógica participativa permite detectar obstáculos, necesidades y oportunidades de mejora en tiempo real, con un enfoque práctico y sensible.
A diferencia de otros modelos, esta unidad no opera desde la verticalidad sino desde una gobernanza abierta, que promueve la construcción colectiva de buenas prácticas, la revisión continua de los procesos y la capacitación constante de los agentes judiciales.
Según fuentes del proyecto, esta transformación tiene un fundamento claro: “la experiencia de las víctimas importa, y debe estar en el centro del sistema judicial”. La dignidad, el respeto y la empatía ya no son valores complementarios, sino principios estructurantes de esta nueva etapa.
Un avance concreto hacia una justicia más humana
La implementación de la Unidad de Experiencia de la Víctima posiciona a San Nicolás como distrito pionero en el desarrollo de una justicia penal más sensible, sin descuidar la rigurosidad del debido proceso.
En un país donde las víctimas muchas veces son relegadas a un rol secundario o revictimizadas por el sistema, esta iniciativa plantea un cambio de paradigma: la justicia debe hacerse cargo también de cómo se imparte.