El fiscal Germán Guidi indagó a una mujer de 25 años y le imputó el delito de robo agravado por asaltar con arma blanca a una joven en junio pasado.
La mujer detenida enfrenta cargos por robo con arma blanca.
ARCHIVO LA OPINIONEn el segundo piso del edificio del Ministerio Público Fiscal fue indagada el viernes una mujer de 25 años acusada de haberle robado el teléfono celular a otra joven tras intimidarla con un cuchillo en la vía pública. El episodio ocurrió el 7 de junio de 2025, alrededor de las 19:40, en las inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Larrea.
La imputada está acusada, por el fiscal Germán Guidi, del delito de robo agravado por el uso de arma blanca. El pedido de detención fue formulado por la fiscalía en función de la gravedad del hecho, los antecedentes condenatorios que registra y la existencia de riesgos procesales.
Según surge de la documentación judicial, la víctima —otra mujer joven— fue interceptada cuando caminaba por la vereda en dirección a calle Castelli. En la puerta del Corralón Municipal fue abordada por la acusada, con quien mantenía conflictos personales previos.
De acuerdo con la denuncia, tras un intercambio verbal la imputada la agredió físicamente y, en medio del forcejeo, extrajo de entre sus ropas un cuchillo tipo serrucho con mango de madera. Bajo intimidación, le sustrajo un teléfono celular marca ZTE modelo Blade, que contenía debajo de su funda el documento nacional de identidad de la damnificada, una fotografía y un billete de cien pesos.
La agresora se retiró del lugar por una calle lateral sin salida que bordea el predio municipal. La víctima radicó la denuncia minutos después, con acompañamiento de una allegada que dio aviso al 911.
Las actuaciones policiales iniciales dejaron constancia de la intervención del Comando Patrulla y de la entrevista mantenida con la damnificada, quien identificó a la presunta autora, a quien conocía previamente del barrio.
Un elemento central de la investigación fueron los registros del Centro de Monitoreo Pergamino. Las cámaras ubicadas en avenida Florencio Sánchez y 3 de Febrero, así como en el acceso al Corralón Municipal, captaron la secuencia. En las imágenes se observa a la víctima caminando, el momento en que es interceptada, el intercambio entre ambas y posteriormente la agresión y la caída al suelo. También se advierte que la atacante toma un objeto antes de huir.
El material fue analizado por personal de la DDI, que incorporó capturas al expediente y descargó el archivo en el servidor del Ministerio Público Fiscal como respaldo de la materialidad del hecho.
Ambas se dedicarían a ofrecer servicios sexuales a hombres en la vía pública y existía previamente una cuestión de celo laboral.
En su declaración, la víctima sostuvo que el conflicto con la imputada se originó meses antes, cuando ambas compartían la misma actividad laboral en la zona de Monteagudo y Lagos. Según relató, la relación nunca fue buena y existían tensiones vinculadas a la competencia por clientes. La denunciante aclaró que al momento del asalto ya se había alejado de ese ámbito y contaba con otro empleo.
Siempre según su versión, durante el ataque la acusada le recriminó situaciones del pasado y la responsabilizó por haberle quitado oportunidades laborales. La fiscalía incorporó estos antecedentes como contexto del hecho.
Otro dato incorporado al expediente es el testimonio indirecto aportado por una amiga de la víctima, quien refirió que la imputada habría comentado en su entorno que intercambió el teléfono sustraído por estupefacientes en el barrio Kennedy. Esa información orientó tareas investigativas posteriores.
El pedido de detención también se apoya en los antecedentes penales de la acusada. Consta en el Sistema Informático del Ministerio Público que en 2019 fue condenada a tres años de prisión en suspenso por delitos como robo simple, amenazas, daño agravado y atentado a la autoridad. En 2024 recibió una condena de dos meses de cumplimiento efectivo por resistencia a la autoridad.
Para la fiscalía, esos antecedentes evidencian un patrón de conducta que incrementa el riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso. En la solicitud de la medida cautelar se señala además la posible reiteración delictiva.
La imputada fue indagada el viernes y quedó a disposición del Juzgado de Garantías, que deberá resolver la situación procesal en los próximos días. La calificación legal provisoria es la de robo agravado por el uso de arma blanca, delito que prevé una escala penal de cumplimiento efectivo.
La causa continúa en etapa de instrucción, con análisis de nuevas medidas probatorias. Mientras tanto, la justicia evaluará si corresponde mantenerla detenida fin de asegurar el desarrollo del proceso penal.