El fiscal Nelson Mastorchio acusó a cuatro sospechosos de formar una asociación ilícita que estafaba mediante publicaciones falsas en redes sociales.
Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.
LA OPINIONUn clan familiar liderado por un preso enfrenta un proceso penal, con cuatro involucrados, acusados de integrar una banda dedicada a estafas virtuales a través de publicaciones en redes sociales y triangular el dinero de las maniobras defraudatorias por falsas transferencias.
Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba este clan familiar delictivo que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.
El fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y del área de Cibercrimen del Departamento Judicial Pergamino, impulsó el procesamiento de cuatro personas sospechadas de integrar una banda dedicada a estafas virtuales a través de publicaciones engañosas en redes sociales y transferencias bancarias fraudulentas.
De acuerdo con la investigación penal preparatoria N° 12-00-008425-24 y su causa acumulada 8473/24, los acusados habrían conformado una organización delictiva estable desde noviembre de 2024, orientada a cometer defraudaciones patrimoniales en perjuicio de distintas víctimas. Según la requisitoria fiscal, el grupo operaba mediante perfiles falsos en Facebook donde ofrecían en alquiler casas quintas y publicaban la supuesta venta de bicicletas, con el objetivo de captar transferencias de dinero.
El fiscal Mastorchio atribuyó la jefatura de la banda a un hombre que, junto con una mujer de su entorno familiar, administraba las operaciones virtuales y mantenía el contacto con los potenciales compradores o inquilinos. Para dificultar la trazabilidad de los movimientos financieros, la organización utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceros, algunas de las cuales eran manejadas por otra integrante del grupo, pareja del titular de una de esas cuentas.
Una vez concretadas las transferencias, el dinero era redistribuido entre distintos miembros de la banda mediante transferencias sucesivas, con el propósito de fragmentar el producto de los ilícitos y obstaculizar la detección del circuito del dinero. En la maniobra también habría intervenido otro integrante del núcleo familiar, quien facilitaba documentación y recibos que servían para reforzar el engaño frente a las víctimas y aparentar operaciones legítimas.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que las evidencias reunidas —incluidas trazas de movimientos bancarios, registros de mensajería y publicaciones en redes sociales— permiten tener por acreditada la existencia de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas reiteradas. En consecuencia, solicitó al Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Julio Caturla, el dictado de órdenes de allanamiento, secuestro y detención sobre los acusados.
Fuentes judiciales indicaron que la estructura investigada presenta características típicas de las bandas delictivas que se valen de entornos digitales para captar víctimas en operaciones de compraventa o alquiler simuladas. La operatoria, según la fiscalía, denota planificación y división de roles entre sus integrantes, lo que permite encuadrar el caso bajo la figura de asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código Penal.
La investigación, que continúa en curso, busca determinar la cantidad total de damnificados y la magnitud del perjuicio económico ocasionado, así como establecer si los acusados habrían replicado el mismo modus operandi en otras jurisdicciones del norte bonaerense.