La investigación del fiscal Furnari probó que una pareja blanqueó dinero del narcotráfico mediante la compra de vehículos y la construcción de una vivienda.
El lavado de activos consiste en la inversión del dinero obtenido en la actividad ilícita en iniciativas legales.
LA OPINIONEl Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario dictó sentencia condenatoria en la primera causa por lavado de activos instruida en el Departamento Judicial Pergamino, un expediente que marcó un precedente judicial tanto a nivel local como provincial.
La resolución, firmada por el juez Osvaldo Alberto Facciano, fue dictada el 9 de septiembre de 2025 en el marco de un juicio abreviado. El proceso tuvo origen en una investigación iniciada en Pergamino por el fiscal Francisco Furnari, quien logró documentar la existencia de maniobras destinadas a dar apariencia legal a dinero proveniente del narcotráfico y de otros delitos contra la propiedad.
El caso fue elevado al fuero federal, con sede en la ciudad de Rosario, donde el expediente fue llevado a juicio por el fiscal Claudio Kishimoto, titular del Área de Juicio de la Unidad Fiscal Rosario, junto al auxiliar fiscal Yamil Asmat, quien intervino en la firma del acuerdo de juicio abreviado con los acusados; los integrantes de una pareja de Pergamino.
Los acusados fueron identificados como una pareja de Pergamino, integrada por un hombre de 42 años —condenado anteriormente por narcotráfico— y una mujer de 45 años, quien no había sido imputada en aquella causa pero sí en la de lavado de activos, al considerársela la principal responsable de las operaciones económicas realizadas para introducir el dinero ilícito en el circuito formal.
El tribunal los consideró coautores del delito de lavado de activos y les impuso penas de tres años de prisión y una multa de 38 millones de pesos a cada uno. En el caso del hombre, la condena fue unificada con una pena anterior de cinco años por narcotráfico, por lo que deberá cumplir seis años de prisión efectiva. Su pareja recibió tres años de prisión condicional, bajo reglas de conducta y supervisión judicial.
La instrucción judicial a cargo del fiscal Francisco Furnari comenzó en febrero de 2019, cuando se recibieron denuncias que señalaban distintos puntos de venta de drogas en barrios de Pergamino. Con la colaboración del entonces ayudante fiscal Juan Tomás Godoy —hoy titular de la Fiscalía especializada en Estupefacientes—, se conformó un equipo de investigación que, durante más de dos años, reunió pruebas sobre una organización dedicada al narcomenudeo, integrada por diez personas.
El grupo operaba en distintos sectores de la ciudad y mantenía una estructura que permitía financiar las actividades ilícitas mediante la reventa de estupefacientes y la inversión del dinero obtenido en bienes de apariencia lícita.
En mayo de 2021, luego de una extensa etapa de recolección de pruebas, se realizaron veinte allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías, en los que se logró la detención de los principales integrantes de la organización, el secuestro de drogas, vehículos, dinero en efectivo y documentación contable.
Las evidencias recolectadas permitieron abrir una investigación paralela por lavado de activos, a partir de los movimientos patrimoniales que no podían ser justificados con ingresos legales.
Según determinó la investigación, entre 2017 y 2021 los imputados realizaron diversas operaciones destinadas a convertir y poner en circulación dinero ilícito. El fiscal Furnari acreditó que, con fondos provenientes de la venta de drogas y de delitos contra la propiedad, los acusados compraron, repararon y vendieron automóviles y motocicletas, utilizando esas transacciones como mecanismo para dar apariencia de legalidad al dinero espurio.
El expediente también documentó la utilización de esos fondos para financiar la construcción de una vivienda con pileta y quincho en calle Rivadavia al 2300, en la ciudad de Pergamino. Para llevar adelante esas obras, la pareja contrató obreros, electricistas, herreros y pileteros, abonando los trabajos con efectivo proveniente del narcotráfico.
De ese modo, lograron introducir en el circuito legal más de 3,8 millones de pesos, otorgando apariencia de licitud a los bienes adquiridos y a las mejoras realizadas en el inmueble.
“La conversión y administración de bienes de origen ilícito se efectuó con pleno conocimiento del origen espurio de los fondos y con la voluntad de disimular su procedencia”, señala el requerimiento fiscal elevado a juicio.
El delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, sanciona a quien convierte, transfiere, administra, vende o adquiere bienes provenientes de un ilícito con el fin de ocultar o disimular su origen. La pena prevista es de tres a diez años de prisión y una multa de dos a diez veces el valor de la operación, siempre que el monto supere los 150 salarios mínimos, vitales y móviles.
En este caso, el Tribunal Federal de Rosario impuso una multa equivalente a diez veces el valor de las operaciones, fijada en 38.223.071 pesos, y dispuso además el decomiso de todos los bienes muebles y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
El fallo —registrado bajo el número 103/2025— fue dictado tras una audiencia de visu celebrada el 9 de septiembre de 2025 en Rosario. En ella, el juez Facciano aceptó el trámite de juicio abreviado previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación y dictó condena contra ambos imputados.
El tribunal resolvió además inhabilitar de manera absoluta al principal condenado por seis años y dispuso que la mujer cumpla reglas de conducta: fijar domicilio, someterse al control de la Dirección de Ejecución Penal de Rosario y abstenerse de consumir estupefacientes o vincularse con personas relacionadas al narcotráfico.
El fallo ordenó comunicar la sentencia al Registro Nacional de Reincidencia y al Juez de Ejecución Penal, una vez que el decisorio quede firme.
La causa iniciada en Pergamino y concluida con sentencia en la Justicia Federal de Rosario representa un antecedente de enorme relevancia judicial. Se trata de la primera investigación por lavado de activos en el Departamento Judicial Pergamino y una de las pioneras en la provincia de Buenos Aires en lograr condena por esta figura penal.
El trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal local y el fuero federal permitió acreditar el vínculo entre las ganancias del narcomenudeo y las maniobras de blanqueo patrimonial, consolidando un precedente para futuras investigaciones sobre el circuito económico del delito.
Con esta sentencia, la Justicia Federal reafirmó la responsabilidad penal de quienes —aun sin comercializar drogas directamente— intervienen en el lavado del dinero proveniente de la actividad ilícita, contribuyendo a sostener estructuras criminales con apariencia legal en el ámbito económico local.