La comunidad de Pergamino asiste a un endurecimiento en los controles sobre las medidas de morigeración de la coerción. En los últimos días, el Tribunal en lo Criminal Nº 1, bajo la firma de los jueces Marcela Santoro, Guillermo Burrone, Alejandro Salguero e Ignacio Uthurry, dictó sentencias fulminantes que revocaron el beneficio del arresto domiciliario a tres imputados por delitos de alta gravedad.
Los fallos judiciales coinciden en un punto central: el sistema de monitoreo electrónico es una herramienta de confianza que, de ser vulnerada, obliga a la Justicia a actuar con la máxima severidad para salvaguardar los fines del proceso y evitar el peligro de fuga.
El expediente de Lucas Fabián Bres es, quizás, el que reflejaría mayor desprecio por la autoridad judicial. Bres, quien enfrentaba cargos por Extorsión Agravada, Abuso de Armas y Portación Ilegal de arma de fuego, gozaba del beneficio desde mayo de 2025. Sin embargo, su situación se desmoronó cuando decidió mudarse de domicilio sin autorización, alegando "problemas de convivencia" con familiares de su pareja en la residencia donde transcurría sus días de detención.
La investigación técnica de la Dirección de Monitoreo Electrónico reveló una metodología para burlar el sistema: Bres desconectaba el equipo de la corriente eléctrica para trasladarlo a otros sitios y luego lo reconectaba, intentando figurar siempre "dentro del rango". La confesión más cruda llegó de su propia madre, quien reveló a los oficiales que su hijo "se fue con el equipo a la casa de una de sus novias" y que era una conducta habitual.
Además de estas salidas, el Tribunal advirtió un peligro latente: el nuevo domicilio de Bres en calle Becerra se encontraba cercano al de sus víctimas, violando una de las premisas fundamentales de su libertad morigerada. Ante la falta de un "dique de contención" familiar y la evidente burla al sistema, el Tribunal ordenó el allanamiento y su inmediata detención el 5 de febrero de 2026.
Desmentido por redes sociales
Ricardo Lipuma: El "embarazo de riesgo" que chocó con la realidad de Instagram
Recientemente, el juez Raúl Salguero firmó la revocación para Ricardo Ángel Lipuma, cuya defensa intentó justificar una salida ilegal mediante una supuesta emergencia médica. Lipuma fue interceptado por la policía mientras circulaba en motocicleta en inmediaciones de Pueyrredón y avenida Rocha.
Su argumento fue dramático porque involucró a su pareja, con un embarazo de seis meses de alto riesgo, sufría dolores intensos y él salió desesperado a buscar "calmantes" a una farmacia de turno. No obstante, el Tribunal demolió su coartada mediante una revisión de la lógica y la tecnología al determinar que esa farmacia, justamente de Rocha y Pueyrredón no estaba de turno.
Los operadores de la Justicia acreditaron que Lipuma nunca llamó al SAME ni pidió ayuda a terceros, a pesar de vivir con hermanos.
Consideraron que los argumentos conllevaban un riesgo innecesario ya que resulta ilógico que, ante un cuadro de dolor que impedía el movimiento de la mujer, la trasladara en motocicleta, poniendo en riesgo su vida.
Hubo un caso de abandono. Según el acta policial, Lipuma huyó al ver a los oficiales, dejando a su mujer abandonada en la calle luego de que esta cayera del rodado.
Los operadores de la Justicia se valieron de una prueba digital que encontraron en las redes sociales. El Tribunal consultó el perfil oficial de Instagram del Colegio de Farmacéuticos (@colfarmaperga), confirmando que la farmacia a la que Lipuma decía dirigirse estaba cerrada ese día.
Para el juez Salguero, la conducta de Lipuma no solo fue un incumplimiento, sino una demostración clara de que el beneficio de la morigeración era improcedente ante el riesgo de fuga.
Falso dolor de muelas
A Bruno Pagliarulo el "dolor de muelas" que lo llevó lejos del hospital le terminó delatando el ardid con el que intentó engañar a los encargados de monitorear la prisión domiciliaria.
Pagliarulo, se encuentra procesado en una causa por tenencia para comercio de estupefacientes. El Tribunal le revocó el arresto domiciliario tras ser capturado en la vía pública conduciendo una motocicleta.
Pagliarulo alegó un "dolor de muelas" urgente que lo obligaba a ir al Hospital San José. Sin embargo, el acta policial reveló inconsistencias fatales para su defensa. Los oficiales observaron que el imputado circuló frente al hospital y continuó su marcha varias cuadras más, siendo interceptado en una zona que nada tenía que ver con el centro de salud.
Más grave aún, el examen médico policial posterior no detectó ninguna dolencia dental, sino únicamente una herida vieja en el codo. El Tribunal concluyó que Pagliarulo utilizaba su vivienda solo como una base, realizando salidas de rango frecuentes (de entre 4 y 40 minutos) sin responder nunca a los llamados de monitoreo. La resolución fue tajante: el imputado no acataba la manda judicial, tornando la medida en una "libertad de hecho" inaceptable.
Lo más grave es que mientras quedaba registrada su salida de rango del domicilio donde tenía que cumplir el arresto domiciliario, la Policía allanó su vivienda en el marco de una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Este último indicio les daba la presunción a los magistrados que podría estar cometiendo nuevos delitos al estar sospechado en una pesquisa judicial.
El límite del control
En los tres fallos, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 subrayó que el arresto domiciliario depende de dos pilares: el autocontrol del imputado y la contención del grupo familiar. Citando doctrina especializada, los magistrados señalaron que cuando la familia no actúa como un "dique de contención" —ya sea por complicidad o incapacidad— la medida pierde su razón de ser.
Las resoluciones enfatizan que el sistema de monitoreo electrónico no evita físicamente las transgresiones, sino que funciona como una alarma. Si el detenido decide ignorar esa alarma de forma sistemática, la única respuesta institucional posible es el regreso a la Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Con estas decisiones, la Justicia de Pergamino envía un mensaje claro a quienes gozan de beneficios de morigeración: el cumplimiento debe ser estricto y cualquier intento de "burlar el sistema" terminará con la pérdida inmediata de la comodidad del hogar por el rigor del pabellón.
Intervención de los jueces
Los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino que firmaron las resoluciones para revocar los arrestos domiciliarios en cada caso son los siguientes:
En el caso de Lucas Fabián Bres la resolución, fechada el 5 de febrero de 2026, fue firmada por los jueces Marcela Alejandra Santoro e Ignacio Uthurry.
La decisión sobre Ricardo Ángel Lipuma, del 9 de enero de 2026 fue firmada por el juez Raúl Alejandro Salguero.
En la causa de Bruno Pagliarulo la resolución, del 11 de diciembre de 2025, intervinieron los jueces Marcela Alejandra Santoro y Guillermo Mario Burrone.
Es importante notar que en los tres expedientes también figura la firma de Gustavo Maritato, quien actúa en su rol de Auxiliar Letrado del Tribunal para registrar las resoluciones.