El proyecto de Presupuesto 2026 en San Pedro prevé gastos y recursos por más de $58.461 millones, con fuerte peso del gasto en personal.
El presupuesto para el ejercicio 2026 de la Municipalidad estima gastos y recursos por un total de $58.461.990.287,52.
GoogleLa Municipalidad presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que estima gastos y recursos por $58.461.990.287,52. Elaborado por el equipo económico del Departamento Ejecutivo, el plan fija las pautas de la administración local para el próximo año, con una fuerte incidencia del costo laboral y una marcada prioridad para el área sanitaria.
Del total proyectado, $56.025.990.547,10 estarán destinados a gastos corrientes, mientras que $451.596.552,40 se asignarán a gastos de capital y $1.984.403.177,02 a aplicaciones financieras. Un dato central es el gasto en personal, que asciende a $37.573.039.323,18 y representa aproximadamente el 64,2% del presupuesto total.
La Secretaría de Salud vuelve a concentrar la mayor porción del presupuesto municipal, con $28.557.460.306,83, equivalentes al 48,84% del total. Dentro de esta cartera, el Hospital Municipal cuenta con una partida específica de $19.065.735.725,34. Le siguen el Honorable Concejo Deliberante con el 14,47% y la Secretaría de Servicios Públicos con el 13,43%.
Otras áreas con asignaciones relevantes son Desarrollo de la Comunidad (7,89%), Desarrollo Económico (7,76%), Seguridad (5,25%), Economía y Hacienda (4,27%), Gobierno (3,53%), Obras (1,85%) y el Tribunal de Faltas (0,49%).
En materia de recursos humanos, el municipio prevé 1.006 cargos de planta permanente y 164 temporarios, además de médicos de guardia y personal estacional. El sueldo mínimo para un agente de 30 horas semanales se fija en $425.385,93, mientras que la remuneración del intendente se proyecta en $9.352.083,94.
La ordenanza también autoriza al Ejecutivo a utilizar hasta el 15% del presupuesto de forma transitoria para afrontar desfasajes de caja y a trasladar automáticamente al ejercicio siguiente los fondos con afectación específica. Asimismo, se habilita la suspensión de beneficios fiscales si existen riesgos para la prestación de los servicios públicos.