El Concejo Deliberante de San Pedro inicia un proceso institucional que podría derivar en sanciones políticas contra el edil denunciado.
El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual.
LaNoticia1La situación institucional y judicial del concejal Mauro De Rosa atraviesa horas decisivas. Tras la denuncia penal presentada por su par Tamara Vlaeminck, la Justicia comenzó a evaluar medidas procesales mientras el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro se prepara para analizar posibles sanciones políticas en paralelo al avance de la causa.
El expediente judicial se originó a partir de la denuncia radicada por Vlaeminck, integrante del bloque Fuerza Patria, quien acusó al edil de Acuerdo Vecinal por hechos encuadrados dentro de delitos contra la integridad sexual.
Según la presentación, el episodio ocurrió el miércoles por la noche en las instalaciones del Club Paraná, donde el concejal habría protagonizado incidentes mientras se encontraba en un presunto estado de alteración producto de la ingesta de alcohol, situación que derivó en su expulsión del predio por autoridades de la institución.
La Justicia deberá ahora avanzar en la recolección de testimonios de personas presentes durante el hecho y analizar eventuales registros fílmicos provenientes del sistema de monitoreo del club. Estas pruebas serán claves para determinar responsabilidades penales y establecer la veracidad de los hechos denunciados.
En paralelo al proceso judicial, el Concejo Deliberante de Pergamino iniciará un análisis institucional que podría tener consecuencias directas sobre la continuidad política del edil.
La presidencia del cuerpo convocó a una reunión de presidentes de bloque con el objetivo de definir el encuadre reglamentario del caso y establecer los pasos administrativos a seguir. Entre las posibles sanciones contempladas figuran el apercibimiento, la suspensión temporal e incluso la destitución, en función de lo previsto por la normativa municipal ante situaciones de “falta grave” o “inhabilidad moral sobreviniente”.
El encuentro buscará además unificar criterios políticos para evitar interpretaciones dispares dentro del cuerpo legislativo y garantizar un procedimiento institucional ordenado.
El concejal denunciado expresó públicamente sentirse “avergonzado” por lo ocurrido, aunque evitó brindar precisiones sobre su estrategia judicial o responder puntualmente a las acusaciones de índole sexual incluidas en la denuncia.
La resolución final dependerá tanto del avance de la causa penal como de los consensos políticos que puedan alcanzarse dentro del Concejo. Distintos sectores ya plantearon la necesidad de adoptar medidas ejemplares ante situaciones que puedan afectar la credibilidad institucional y el normal funcionamiento democrático.
En este contexto, las próximas horas aparecen como determinantes: la evolución del expediente judicial y las decisiones del cuerpo deliberativo marcarán el rumbo político inmediato del caso y su impacto en la agenda pública local.