Una madre pide ayuda para internar a su hijo de 13 años, atrapado en el consumo de drogas. La Ley de Salud Mental exige voluntad del menor y agrava la crisis.
San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones
LAOPINIONUna madre sampedrina vive una situación límite: su hijo de 13 años enfrenta consumo problemático de drogas desde hace más de un año y la normativa vigente le impide conseguir una internación compulsiva. “Estoy muerta en vida”, confesó la mujer, que ya no encuentra salida.
El calvario comenzó cuando el adolescente tenía 9 años, mostrando conductas violentas que escalaron con el tiempo. Incluso sufrió la pérdida de un ojo tras un accidente con un “gomerazo”. Hoy, la convivencia familiar es insostenible: el menor roba electrodomésticos, ropa y otros objetos para revenderlos y conseguir drogas.
“Es muy angustiante, me da miedo lo que pueda hacer conmigo y con sus hermanos porque no tiene control”, relató la madre entre lágrimas.
La mujer recurrió a servicios de Salud Mental y al CPA (Centro Preventivo de Adicciones), pero siempre recibió la misma respuesta: la internación debe ser voluntaria, tal como establece la Ley Nacional de Salud Mental. “¿Voluntad de qué? Él no tiene voluntad de nada”, cuestionó.
Este requisito genera un conflicto crítico: en casos de menores con consumo problemático, la decisión no depende del adolescente, y sin su consentimiento, el sistema se vuelve ineficaz.
Para la madre, el drama cotidiano incluye candados en las habitaciones y la imposibilidad de dejar pertenencias al alcance del joven. “Saquea y vende mis cosas para comprar drogas”, aseguró. Además, la vivienda fue allanada siete veces este año, y el adolescente fue aprehendido en reiteradas ocasiones por robos.
“Necesita ayuda, está enfermo. Necesita estar internado en una clínica de adicciones. Esta situación me desborda”, imploró la mujer, visiblemente quebrada.
Especialistas advierten que la intervención temprana es clave para evitar daños irreversibles, pero la legislación actual y la falta de dispositivos especializados complican la asistencia. El caso deja en evidencia un vacío estructural en la red de atención de adicciones para menores en la provincia.